Cristina Kirchner pidió el freno del juicio por la obra pública y citó a Pichetto para defenderse

INFOBAE

La defensa de la ex presidente Cristina Kirchner objetó hoy el juicio oral y público por las irregularidades en la obra pública y pidió que el proceso no continúe hasta tanto se resuelvan una serie de planteos.

Carlos Beraldi, abogado de la ex mandataria -quien no estuvo presente en la audiencia al igual que la mayoría de los acusados- hizo cinco planteos en el comienzo de la segunda etapa del juicio. En sus objeciones, citó al senador y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, y solicitó al tribunal que este no sea un juicio político.

“Nosotros estamos para hacer un juicio jurídico. Si quieren hacer un juicio político, para eso está la ciudadanía, que gracias a Dios en unos meses va a votar”, sostuvo Beraldi en el cierre de su exposición.

El Tribunal Oral Federal 2 inició esta mañana la segunda etapa del juicio sin la presencia de la mayoría de los 13 imputados que fueron autorizados a no asistir. Ni Cristina Kirchner, ni el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, ni el ex secretario de Obras Públicas José López ni el empresario Lázaro Báez estuvieron presentes. Mañana la ex mandataria inicia un viaje a Cuba hasta el 10 de julio para visitar a su hija Florencia que se encuentra en ese país bajo tratamiento médico.

En esta segunda etapa -la primera fue la lectura de la acusación que llevó un mes desde el inicio del juicio el 21 de mayo- las partes pueden hacer planteos previos antes de que comiencen las indagatorias y la declaración de los testigos. La defensa de la ex presidente hizo cinco y sostuvo que a la ex mandataria “se le vulneran los derechos de manera grosera”.

El primero fue que la ex mandataria está acusada del delito de asociación ilícita en al menos nueve causas -obra pública, Hotesur, Los Sauces, los cuadernos de la corrupción (“otros la llamamos de las fotocopias”, dijo Beraldi) y otras cinco que derivan de esos expedientes. “A Cristina Kirchner se la persigue de manera reiterada y absurdamente”, sostuvo.

El abogado explicó que se trata, según las acusaciones, de una misma asociación ilícita y que por lo tanto no puede juzgarse cada una por separado. “No puede avanzar este juicio cuando hay causas dispersas donde se investiga la misma asociación ilícita”, explicó. En esa línea, otra objeción fue que hay otros 10 acusados elevados a juicio pero que no están dentro del proceso, lo que entendió Beraldi como una vulneración a todos los acusados.

Otro objeción fue que el juicio se inició cuando hay cuestiones pendientes de resolución, lo que prohíbe el Código Procesal Penal de la Nación. Una de ellas es la instrucción suplementaria y puntualmente la crítica a un peritaje sobre cinco de las 51 obras que se juzgan en el caso. Las defensas piden que no se periten solo cinco, sino todas. Y eso está pendiente en la Corte Suprema para que se resuelva.

También está apelada y pendiente la competencia del tribunal, un pedido de cosa juzgada ya que 49 obras fueron analizadas por la Justicia de Santa Cruz y descartadas como delitos, entre otros.

El cuarto planteo fue que también está pendiente la resolución de si la demanda civil que el gobierno de Macri inició para que los acusados paguen una indemnización por los hechos se debe juzgar en este juicio o en otro tribunal. Ese planteo también está en la Corte Suprema.

Para la defensa todo eso influye directamente en el juicio según lo que se determine, por lo que pidió que no continúe hasta tanto estén resueltos.

La última objeción fue la prueba. Pidió que se elimine de la imputación que Cristina Kirchner designó a funcionarios como parte de la maniobra para conformar la asociación ilícita y que dictó resoluciones administrativas para reasignar fondos para las obras públicas. “La designación de funcionarios es un acto legítimo que fija la Constitución Nacional”, dijo Beraldi, y puso a los jueces y al fiscal en un espejo: “Lo que voy a decir no es una chicana pero ustedes señores jueces fueron nombrados por la Dra. Kirchner y la designación de un funcionario no es un delito”.

Lo mismo con la asignación de los fondos para las obras públicas que fueron aprobados en los presupuestos de la Nación por el Congreso. Y allí la defensa citó a Pichetto -jefe de bancada del PJ en el Senado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- al recordar que en 2009 el senador señaló que el Gobierno iba a continuar con la obra pública y que nunca se habían asignado partidas de manera irregular.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, fueron contratos amañados a favor de Báez cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. De las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron fue con ampliaciones de plazos y costos. Los delitos que se investigan son los de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Tras las presentaciones de Beraldi continuaron las del resto de las defensas. La de De Vido compartió varias críticas de Beraldi y agregó otras. Objetó la declaración como testigo del arrepentido Leonardo Fariña. El abogado Gabriel Palmeiro señaló que ese testimonio de Fariña está siendo investigado en la causa por espionaje ilegal del falso abogado Marcelo D`Alessio para determinar si fue armado.

Por su parte, Maximiliano Rusconi, también abogado de De Vido, señaló que la acusación a De Vido no está determinada: no se precisa de qué se lo acusa ni de qué hecho y las imputaciones que se le hacen son acciones lícitas porque se tratan de gestiones de gobierno. “No puedo creer que la Fiscalía diga que los hechos ocurrieron entre el 8 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2005. No hay un hecho que dure 12 años. Lo digo con respeto y hasta con cariño pero si un alumno me hace esto en la facultad no dura un segundo”, criticó.

Se espera que en la próxima audiencia las contesten el fiscal Diego Luciani y los abogados querellantes de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) y que luego resuelvan los jueces del tribunal oral, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini. La defensa de Cristina Kirchner pidió que se haga antes de las indagatorias, que es la siguiente etapa del juicio.