A un año del comienzo de la causa de los cuadernos, Bonadio dio por probados los aportes de 31 arrepentidos

INFOBAE

A un año del aluvión de arrepentidos que definió la suerte de la causa de los cuadernos, el juez federal Claudio Bonadio resolvió hoy hacer una evaluación del aporte de 31 imputados que se convirtieron en “colaboradores” para avanzar en las acusaciones contra la ex presidente Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y un grupo de empresarios que participaron –dijo- en un sistema ilegal de recaudación que registró en sus anotaciones el chofer Oscar Centeno.

La ley del imputado colaborador establece un capítulo para corroborar los dichos de los arrepentidos. Allí se sostiene que “dentro de un plazo no superior a un año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado”.

Con la causa ya próxima a ser elevada a juicio oral (la fiscalía y las querellas lo solicitaron y las defensas dieron sus distintas versiones), al juez le quedaba pendiente este trámite: hoy resolvió que ya se habían cumplidos las obligaciones contraídas con los imputados colaboradores.

Se trata del remisero Óscar Centeno, los empresarios Juan De Goicoechea, Ángel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Héctor Zavaleta, Carlos Wagner, Jorge Neira, Claudio Glasman, Aldo Roggio, Juan Chediack, Jorge Balán, Benjamín Romero, Rodolfo Poblete, Alberto Taselli, Francisco Valenti, Enrique Pescarmona, Marcela Sztemberg, Patricio Gerbi, Gabriel Losi y Miguel Aznar. También de los ex funcionarios Claudio Uberti, José López y Víctor Gutiérrez, además del financista Ernesto Clarens. Agregó a los “arrepentidos” en el capítulo Muñoz: Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Juan Manuel Campillo, Carlos Gellert, Carolina Pochetti y el ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares.

Para el juez, más allá de los dichos de los arrepentidos “existen otros datos” que permiten corroborar “la existencia misma del esquema de recaudación ilegal de dinero al cual pertenecieran debiendo desecharse las coacciones invocadas máxime cuando se consideran las buenas relaciones mantenidas entre empresarios y funcionarios públicos”.

En su repaso por la causa, Bonadio valoró especialmente los dichos de Clarens y de López. El dato llamó la atención de las defensas: los dichos de Clarens -que aportó listados sobre empresas que recibieron obra publica- están siendo atacados en la Cámara Federal por los empresarios y ex funcionarios que fueron procesados por la cartelización. Mientras tanto, el tribunal que condenó a López por el enriquecimiento ilícito dijo la semana pasada que el ex secretario de Obra Publica inventó la acusación contra Cristina Kirchner para poder beneficiarse como arrepentido.

Bonadio agregó que “en el caso de Centeno su aporte ha resultado de suma utilidad para desentrañar el sistema de represión ilegal que se desplegó” y resaltó los repartos de dinero que se entregaron a manos de Muñoz en el departamento de la calle Uruguay. Según el juez, los destinatarios finales del dinero eran los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y el ex ministro De Vido.

“Con la prueba recolectada al comienzo de la presente investigación se pudo establecer que, durante un lapso cercano a los ocho años -cuanto menos-, Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma “Energía Argentina S.A. -“ENARSA’), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”, sostuvo.

Y añadió: “a partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (Secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu(Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”.

También se destacó que “de las constancias incorporadas no sólo se pudo establecer la existencia de un sistema de recaudación ilegal, sino también el rol preponderante que tuvo Héctor Daniel Muñoz, toda vez que fue sindicado como la persona que recibía el dinero recolectado por la organización investigada”.

A lo largo de su resolución, Bonadio destinó un párrafo a cuestionar a sus superiores que revocaron hace unas semanas los procesamientos en la causa por los subsidios al sistema de colectivo, una de las causas de los cuadernos. “No llega a comprenderse el criterio aplicado por el superior para revocar el procesamiento de los funcionarios vinculados a dos empresas concesionarias toda vez que en la investigación de la Tragedia de Once se comprobó como el grupo económico a cargo de la concesión de las líneas General Mitre y Sarmiento diseño una política empresarial que posibilitó transferir grandes sumas de dinero empresas vinculadas al grupo omitiendo liberamente realizar el mantenimiento de los bienes concesionados determinante en la producción del suceso investigado en dicha causa por lo que únicamente se podrá aplicar el mantenimiento de la concesión en que decía al pago de sobornos y/o coima“, escribió.

Otro detalle fue la mención a que el dinero ayudó para financiar actos “de la naturaleza electoral o vinculadas a la gestión política del Gobierno y de sus organizaciones Satélites como la Cámpora durante las elecciones 2011, 2013 y 2015”. La investigación sobre José Ottavis , Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, Julián Álvarez, Máximo Kirchner, Sergio Szpolski, Ricardo Ivoskus y Enrique García salió de la órbita de los cuadernos y es analizada por la jueza electoral María Servini.