El campo en alerta: lobby en el Congreso y consultas legales en un contexto que evalúan que podría ser peor al de la 125

INFOBAE

En momentos del país donde el coronavirus avanza e ingresa en la zona de mayor cantidad de contagios diarios, el campo no detuvo su motor. Es clave, como actividad exceptuada de la cuarentena, que siga funcionando para abastecer de alimentos el mercado interno y cumplir con los compromisos asumidos con el mercado internacional.

Sin embargo, los productores están nerviosos y con elevada incertidumbre. Hay temor a que el gobierno de Alberto Fernández avance sobre la propiedad privada, a partir de la decisión de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, y que se instrumente un mayor intervencionismo del Estado en la actividad agropecuaria. Es por eso que un grupo de productores ya solicitaron asesoramiento a un estudio de abogados.

“Si vienen por nosotros y la democracia, nos van a encontrar parados. En el reclamo de todo el interior se están involucrando otros sectores que sienten el peligro, ya que pueden ir por la Constitución Nacional y no solamente por un porcentaje de las retenciones”, dijo a Infobae Juan Capózzollo, productor del norte de Santa Fe.

El interior productivo está una vez más movilizado. Ayer, la ciudadanía de Avellaneda, en Santa Fe, volvió a salir a las calles en contra de la intervención y expropiación de Vicentin, pero especialmente para que se cumpla la división de poderes. Ese reclamo se extendió a varias regiones del país. El sábado 20 de junio habrá una nueva concentración.

Las movilizaciones en el interior inquietaron al gobierno por el amplio rechazo que se expresa en cada una de ellas a la decisión de avanzar sobre la empresa agroexportadora. Además, no hay precisiones sobre el proyecto de expropiación que anunció la semana pasada Alberto Fernández que enviaría al Congreso de la Nación. Si llega al órgano legislativo, el mismo tendría un complicado escenario para que sea aprobado en la Cámara de Diputados. Anoche circularon fuertes versiones que señalaban diferencias internas en el oficialismo y la posibilidad de un cambio de estrategia.

Mientras tanto, y como sucedió 12 años atrás en la previa del debate de la Resolución 125 que promovía un esquema de retenciones móviles, productores y dirigentes del campo ya están tomando contacto con los legisladores nacionales que representan a las provincias. El pasado lunes, en la ciudad cordobesa de Jesús María, hubo un encuentro con integrantes de la bancada de Juntos por el Cambio. En los próximos días habría reuniones con las otras fuerzas políticas.

Pero además, según pudo saber Infobae, productores autoconvocados de diferentes regiones también se encuentran realizando la misma tarea, con el objetivo de concientizar a cada uno de los legisladores sobre los efectos negativos que significaría aprobar la expropiación de Vicentin.

“Estamos trabajando para no permitir que se compren voluntades como se hacía en 2008 con la resolución 125. Y a diferencia de aquel momento, ahora se están sumando otras agrupaciones que nada tienen que ver con el campo”, comentó el productor Iván Castellaro. Los grupos de autoconvocados que están trabajando en toda esta movida, son: Ruta 9 y 179 Armstrong, Ruta 34 y AO12, Mesa de Enlace del Nea y Noa, productores de Bell Ville, Villa María, Río Cuarto, San Nicolás y Sur de Buenos Aires.

Por otro lado, están analizando con abogados el alcance del DNU que firmó el presidente de la Nación. “Necesitamos determinar si el mismo es o no constitucional, y a partir de eso definir las acciones a seguir”, aseguró Castellaro, quien precisó que las reuniones con abogados comenzaron luego del último aumento de las retenciones anunciado por la administración nacional.

Para Raúl Victores, histórico dirigente agropecuario de la ciudad bonaerense de San Pedro, “el gobierno tendrá un duro revés en el Congreso de la Nación si avanza con el proyecto de expropiación y posiblemente tengamos un conflicto más grande que el de las retenciones móviles”. Por su parte, Alejandro Buttiero, integrante de la Mesa de Enlace de Córdoba, dijo: “Creo que en diputados no habrá cabida para la iniciativa del gobierno. No solo el agro sino también gran parte de la sociedad está en desacuerdo con esta medida tan arbitraria contra la propiedad privada”.

Salida al conflicto

En un escenario en el que, más allá del caso Vicentin y con una falta de política agropecuaria que mejore la competitividad del campo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, planteó a este medio: “Sería importante que se deje avanzar al proceso judicial que estaba en marcha en el tema Vicentin, primero porque la ley lo estipula y segundo porque sería una forma que todo el mundo pueda saber qué pasó con la empresa. No es bueno que cualquier ciudadano de este país con los impuestos que paga termine comprando o con sus impuestos teniendo que participar en la compra de una empresa que está en una mala situación económica”.

A todo esto, Buttiero, agregó: “La alternativa es comenzar a dialogar con otros actores y formar una mesa de trabajo donde el aporte de ideas permita llegar de una manera democrática y organizada a la mejor solución. Hay que salvar la empresa, darle continuidad y que se pague la deuda”.

En medio de la protesta de ayer en Avellaneda y Reconquista, un productor que asistió a la misma y que además es acreedor de Vicentin, expresó: “ Yo pierdo mucho por no cobrar, pero mis hijos van a perder más si no paramos una posible embestida sobre la propiedad privada”.

Los productores y la ciudadanía que hoy se encuentran movilizados, reclaman que Vicentin pueda resolver su crisis, pero el mensaje más contundente es para el gobierno: “No vamos a permitir el avasallamiento de la división de poderes”.