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La Corte Suprema de Justicia finalmente dictará una sentencia en el per saltum iniciado por los jueces que investigaron la corrupción del kirchnerismo y fueron desplazados por el gobierno nacional. De no haber cambios, el máximo tribunal confirmaría provisoriamente en sus cargos a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli hasta que el Consejo de la Magistratura realice nuevos concursos.
Para entender el alcance de la decisión que debaten los ministros y ya habría alcanzado una mayoría, hay que retrotraerse a la gestión de Cambiemos, cuando el entonces presidente Mauricio Macri dispuso el traslado de estos tres magistrados para cubrir vacantes en la Justicia Federal. Tras la asunción de Alberto Fernández en el poder, la metodología fue impugnada por el Consejo de la Magistratura, que ordenó revisar las designaciones de 10 jueces por esta vía. El trámite pasó al Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se presentaron a defender sus nombramientos y el jefe de Estado ordenó por decreto dejar sin efecto los traslados.
Los jueces afectados por la decisión presidencial iniciaron una estrategia legal que incluyó un pedido para que la Corte Suprema tomara el tema y dirimiera la cuestión. En una primera instancia, el máximo tribunal habilitó la discusión del per saltum -una vía excepcional- y dispuso que los magistrados continuaran en los cargos objetados hasta tanto se definiera la cuestión de fondo. Esa decisión podría conocerse mañana, martes, o a lo sumo el miércoles.
La discusión técnica en el seno de la Corte gira en torno a varios aspectos. El primero es una acordada del propio tribunal que validó los traslados dispuestos por Cambiemos y en el caso puntual de Bruglia estableció: “No es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación confirme al artículo 9, inciso 4, de la Constitución”. Si bien ahora se ratificaría la validez de los traslados, se agregaría un límite legal para que los gobiernos no abusen de esa potestad.
Hay un antecedente que explica el espíritu de la decisión: durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó dispuso el traslado de fiscales sin que se realizaran los concursos pertinentes hasta que la Corte dictó la invalidez de ese mecanismo. Ahora, la barrera legal a los traslados discrecionales de jueces estaría dada por la realización de los concursos para la designación de jueces naturales de acuerdo al procedimiento dispuesto en la Constitución Nacional. Bruglia, Bertuzzi, Castelli y el resto de los jueces que se encuentran en una situación similar tendrán la posibilidad de presentarse a concursar y eventualmente quedarse con el puesto.
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Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli
El otro foco para analizar la cuestión es estrictamente político. En los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales entienden que si no establecen un límite, los presidentes continuarán abusando de esta potestad. Por ejemplo, un juez de Mercedes -donde el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y su hermano tienen una gran influencia- podría ser designado arbitrariamente para ocupar el lugar que quedó vacante en la justicia federal con el fallecimiento de Claudio Bonadio y este tipo de ardides son los que se quieren evitar a partir de ahora.
De acuerdo a las deliberaciones que se realizan por estas horas, la decisión de la mayoría tendría las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda. Elena Highton de Nolasco podría terminar sumándose. El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, se inclinaría en su voto por una restitución irrestricta de los jueces en los tribunales a los que fueron trasladados.
Si bien el fallo podría ser leído como un revés para el gobierno nacional, no es el peor escenario. El oficialismo controla el Consejo de la Magistratura y tiene mayoría en el Senado como para avanzar con la designación de nuevos jueces en tribunales que están vacantes. Esos procedimientos, generalmente lentos y engorrosos, podrían tener otro impulso a partir de la publicación de la sentencia de la Corte.
La decisión tiene ingredientes salomónicos: frena el avance de Cristina Kirchner sobre la Justicia, ratifica a los jueces en los cargos sensibles que ocupan, marca un límite a los traslados y promueve los concursos para cubrir las vacantes y cumplir con lo dictado por la Constitución.
Bruglia y Bertuzzi (desplazados de la Sala I de la Cámara Federal) entendieron en varias causas sobre la corrupción K. En especial, hay una decisión de ellos que irrita al poder: ratificaron el procesamiento dispuesto por el fallecido Bonadio en el caso por los cuadernos de la corrupción. Castelli (TOF 7) es uno de los jueces que debería entender en el juicio oral y público de ese mismo caso. Actualmente se encuentran bajo licencia, a la espera de una decisión sobre su futuro.
Sus desplazamientos provocaron rechazos en el arco opositor y manifestaciones pese a la cuarentena por coronavirus. A mediados de septiembre, cientos de personas marcharon con antorchas a Tribunales bajo el lema “Una luz por la República”. Además, se realizó una vigilia la noche anterior a que la Corte decidiera habilitar el tratamiento del per saltum.
