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El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, aseveró este lunes que “no se autorizó hasta el momento ningún aumento” para los servicios de internet, televisión por cable, telefonía móvil o fija. Por lo que desestimó los anuncios que varias empresas de servicios hicieron llegar a sus usuarios en las últimas semanas, anticipando incrementos a partir del 1 de enero.
Esta medida se enmarca en lo dispuesto partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que firmó el presidente Alberto Fernández y convalidó el Congreso que estableció los servicios como públicos y esenciales. En ese sentido, López resaltó que “ya no son las empresas que fijan el precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente el que autoriza o no el aumento y cuánto”.
El directivo del Enacom, en declaraciones a Télam, también adelantó que esta semana el Ente dará a conocer los planes que se dispondrán para la prestación básica y obligatoria que permitirá ofrecer el servicio a los sectores más vulnerables, golpeados por la economía y las consecuencias de la pandemia, con vigencia a partir del primero de enero.
Para esos sectores, confirmó, “va a haber una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar, enseñar, acceder a la cultura, el trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad”.
Los planes de este servicio básico universal se presume estará dirigido especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de los millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos.
Los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones (Tics) permanecen congelados hasta el 31 de diciembre en base a los valores implementados en julio a partir del Decreto 690, que en su momento obligó a las empresas a retrotraer incrementos ya facturados.
Con motivo de la pandemia, el Gobierno impulsó el congelamiento de distintos servicios como los de transporte, gas, electricidad y agua, en procura de aliviar la situación de las familias afectadas por la caída de actividad producto por las restricciones a las que obligó la pandemia de coronavirus.
Otra de las medidas que el Gobierno tomó en la pandemia para el sector de las telecomunicaciones y previo al DNU 690, fue la prohibición del corte de servicios por falta de pago.
