Distinta es la realidad en Buenos Aires y Córdoba, donde varios efectores firmaron un documento en el que se oponen al proyecto de ley con media sanción.
La entidad congrega a sanatorios, hospitales y clínicas privadas de la ciudad y su zona de influencia. Nuclea a 19 entidades asociadas, entre ellas los sanatorios Americano, Británico, Plaza, ICR y los hospiales Español e Italiano.
Sánchez Almeida aseguró que la institución no recibió ninguna comunicación de sus asociados respecto al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que comenzará a debatirse en la Cámara alta (ver aparte).
“Por ahora estamos atentos al tema y esperando que salga la reglamentación de la ley”, sostuvo.
Sentar posición
El mismo día que los diputados daban media sanción al proyecto que plantea la legalización del aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional, un grupo de clínicas privadas firmó un comunicado en el que advirtió sobre su negativa a practicar abortos y reclamó que la ley prevea la posibilidad de que las instituciones se puedan definir como objetoras.
El documento fue rubricado por las clínicas Fleni, Austral, Mater Dei, San Juan de Dios, San Camilo, Bazterrica, Santa Isabel, Del Sol y se sumó también el Hospital Privado Universitario de Córdoba.
Directivos de esos centros asistenciales inclusive, empezaron a estudiar la presentación de amparos judiciales contra la despenalización.
Se cuestionan dos puntos del proyecto de ley: el artículo 11, que habla de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y taxativamente prohíbe la objeción de conciencia institucional o de ideario. Y el artículo 17, que castiga con prisión de tres meses a un año e inhabilitación a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional que dilate, obstaculice o se niegue a realizar esta práctica en los casos autorizados.
“Nos unimos a la voz de todos los que vienen pidiendo que se proteja integralmente la vida y, en su caso, abogamos por una legislación que respete la objeción de conciencia individual e institucional, que respete la libertad de pensar y de creer, de asociarse y de trabajar, de cuidar y de curar, de salvar y de sanar, sin que se corra el riesgo de prisión, de inhabilitación o de clausura por actuar de acuerdo a su propia conciencia e ideario”, señala el comunicado.
A la espera
Fuentes que conocen la realidad de los sanatorios y clínicas rosarinos señalan que la posibilidad de recibir sanciones es un punto que genera algún escozor en los despachos de sus directivos. No obstante, aclaran que “hasta que no salga la ley definitiva es todo prematuro, no tiene sentido que se discuta nada porque el Senado puede introducir modificaciones”.
“Si la Asociación se pronuncia será una vez promulgada la ley, hasta ahora no hay ninguna resolución al respecto, ni se convocó a ninguna reunión para tratar ese tema”, señaló el director de un sanatorio de la ciudad.
Esta realidad tiene una explicación. “La mayoría de las clínicas que se pronunció contra la ley son instituciones confesionales, muy vinculadas a creencias religiosas o con directivos muy creyentes; en Rosario más allá de la postura individual de cada profesional, las gerencias de las instituciones de salud son más polifacéticas”, concluyó la misma fuente.