La medida incluye al exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y al exsecretario de Coordinación Técnica del ministerio, Maximiliano Novas.
La solicitud fue realizada durante la audiencia por la investigación por presuntas irregularidades en ese proceso licitatorio, donde los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dieron a conocer las medidas alternativas a la prisión preventiva.
Días atrás, a los tres exfuncionarios se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. El monto total de la presunta adjudicación fraudulenta es de 17.103.543 dólares.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, dirigida por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.
Los funcionarios del MPA argumentan que Sain y los ex integrantes de Seguridad “buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.
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