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El Senado de la Nación giró a tres comisiones un proyecto de ley que declara la Emergencia en materia de Seguridad Pública, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, por el término de un año, reasigna partidas de Inteligencia para ampliar la AFI en Rosario y crea una agencia de la Unidad de Información Financiera para perseguir el lavado del narcotráfico en esa ciudad.
La iniciativa del bloque de la UCR, que fuera presentada por los santafesinos Carolina Losada y Dionisio Scarpin, faculta al presidente para enviar efectivos de fuerzas federales a la zona declarada en emergencia; incrementar la presencia de controles vehiculares con la incorporación de tecnología satelital, digital y de georreferenciación y suscribir convenios con organismos dependientes de la provincia de Santa Fe, a fin de fiscalizar desarmaderos de automóviles y autopartes, armerías y locales de venta de armas de fuego.
También posibilita al Ejecutivo ampliar el convenio vigente con la provincia de Santa Fe para otorgar al servicio penitenciario provincial más recursos y convenir con el Ministerio Público Fiscal y con el Ministerio Público de la Acusación, federal provincial respectivamente, la adquisición de equipamiento tecnológico para investigación criminal.
El expediente fue girado a las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Losada recordó en el recinto que son 175 los homicidios en Rosario (39 mujeres, 19 menores) en lo que va del año, 500 son los heridos de bala, y 11 víctimas fatales en sólo 10 días.
El proyecto de ley constituye una Comisión de Emergencia en Seguridad compuesta por un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, un representante del Ministerio de Seguridad Provincial, un representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, un representante del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, un integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un integrantes del Honorable Senado de la Nación, un integrantes de cada una de las cámaras de la legislatura provincial, el intendente de la Ciudad de Santa Fe y el intendente de la Ciudad de Rosario.
Le asigna funciones para controlar y auditar la implementación de la emergencia en materia de Seguridad Pública; informar ante el Comité de Crisis situaciones urgentes; denunciar ante la autoridad competente, situaciones irregulares y/o criminales.
Demoras para nombrar jueces
La mendocina Anabel Fernández Sagasti apuntó a la oposición por las demoras en acordar el pliego de conjueces de Rosario. Losada mocionó «que se acuerde sobre la designación de los conjueces para la ciudad de Rosario. La provincia de Santa Fe tiene una justicia muy magra y necesitamos de una justicia federal robusta» ante la emergencia.
Fernández Sagasti, que preside la comisión de Acuerdos, señaló que «por pedido de Juntos por el Cambio» el Frente de Todos deberá obtener quórum propio para avanzar en «la designación de los conjueces de Rosario y de la Cámara de Rosario».
Así que cuando nuestros compañeros puedan salir de su problema de salud, porque hay dos compañeros –una compañera y un compañero– que tienen problemas de salud, con nuestro quórum y nuestra voluntad política vamos a designar a los conjueces de Rosario y al de la Cámara Federal de Rosario para colaborar, porque así es nuestro deber, con la justicia de Rosario y Santa Fe, para que puedan salir y tener más herramientas para el tema del combate de la inseguridad», dijo la mendocina.
Los pliegos son los de Silvina María Andalaf Casiello para Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala B a la doctora, y para conjueces los de los doctores Tomás Malaponte (Tribunal Oral), Eleonora Pelozzi (Cámara Federal), Virginia Cassinese, Natalia Martínez, Gastón Salmain y Luciano Savignano (juzgados federales de primera instancia), también de Rosario.
