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Luego de las presentaciones de los gobiernos porteños y nacional sobre la cautelar que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación, la Corte Suprema de Justicia tiene previsto postergar definiciones para febrero, después de la feria judicial. Así lo indicaron fuentes judiciales vinculadas a los ministros del máximo tribunal.
La definición preocupa especialmente a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que entiende que el presidente Alberto Fernández empezó a incumplir la cautelar la semana pasada, ya que no se realizó el goteo diario de fondos como había ordenado originariamente el tribunal. Por ese motivo, hizo una presentación exigiendo que se ejecute el fallo. El Estado Nacional, por su parte, recusó a los jueces y dedujo un recurso de revocatoria pidiendo que se suspendan los efectos de la cautelar.
Mañana jueves es el último día hábil del año para el Poder Judicial y los cortesanos no tienen previsto reunirse para discutir esta cuestión. En enero empieza la feria y si bien el tribunal tendrá guardias para los temas urgentes que pudieran llegar a surgir, la coparticipación de CABA se tratará recién en el segundo mes del 2023.
Diferencias entre el caso Santa Fe y la cautelar de CABA
Hay especialistas que comparan el fallo con las decisiones dictadas en 2015 sobre la masa de fondos coparticipables que le correspondían a Córdoba, Santa Fe y San Luis. El propio presidente Alberto Fernández se refirió a la situación del territorio puntano al anunciar que pagaría la cautelar con bonos TX31. Sin embargo, allegados a los ministros de la Corte resaltan puertas adentro que hay una diferencia sustancial entre ambas situaciones: en 2015 hubo sentencias de fondo que establecían un plazo para su cumplimiento, ahora se dictó una cautelar que debería ser acatada de inmediato.
Para entender la cuestión hay que retrotraerse a noviembre de 2015, cuando aún presidía Ricardo Lorenzetti el tribunal. Se dictaron fallos mediante los cuales se condenó al Estado a pagar a las tres provincias el 15% que les venían recortando desde el 2005. Se fijó un plazo de 120 días y los gobernadores negociaron cómo recibirían ese pago durante meses con el gobierno nacional. No había medidas cautelares provisorias, sino una sentencia definitiva.
Aquellas sentencias suelen ser criticadas por el macrismo, que había ganado las elecciones y debía asumir el poder. En la Corte recuerdan que el fallo se firmó 30 días antes del cambio de Presidente y fue firmado por Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt. No votó Elena Highton de Nolasco. Además, fueron “favorecidas” provincias que estaban en manos de administraciones opositoras a los tres gobiernos peronistas.
Antes de dejar el poder, el gobierno de Cristina Kirchner dictó un decreto extendiendo los efectos del fallo a todas las provincias con el argumento de que estas sentencias dictadas en tres juicios ponían en situación de desigualdad al resto del país, incluso a la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión administrativa obligó al gobierno que asumía a negociar con todos los gobernadores, que lograron mantener sus posiciones en materia de coparticipación.
En una primera instancia, Mauricio Macri criticó las sentencias porque consideró que lo condicionaban políticamente. Pero a medida que fueron avanzando las negociaciones con las administraciones provinciales, el enojo de la Casa Rosada comenzó a amainar.
