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Tres nuevos empresarios acordaron ayer con el fiscal federal Carlos Stornelli convertirse en arrepentidos en la causa por los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno por el presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas. Se trata de Cecilia Sztemberg (Equimac), Patricio Gerbi (Coarco) y Luis Losi (Losi SA).
Los tres fueron involucrados en su declaración por el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de Esuco, Carlos Wagner, uno de los primeros imputados colaboradores en la causa.
“Todos sabían que yo era el amigo de (el ex ministro de Planificación Julio) De Vido. Pasado un tiempo, en 2004, el arquitecto me citó a su despacho y me dijo que por orden del presidente (Néstor Kirchner) debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos”, dijo Wagner.
Al respecto, agregó: “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación con los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar el ganador de la licitación”.
Según señaló Wagner, esas empresas eran Perales Aguiar SA, Vial Agro SA, Biancalini SA, Losi SA, Fontana Micastro SA, Marcalba SA, Iecsa, Chediak, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco SA.
A partir de esa declaración es que los tres nuevos arrepentidos se presentaron de manera espontánea ante Stornelli y sellaron un acuerdo de colaboración, que deberá ahora ser homologado por el juez federal Claudio Bonadio.
Paralelamente, la Cámara Federal rechazó los pedidos de excarcelación de empresarios y ex funcionarios kirchneristas: se trata de Rafael Llorens, Walter Fajyas, Fabián García Ramón, Hernán Gómez y Néstor Lazarte, todos ex integrantes del Ministerio de Planificación, quienes continuarán con prisión preventiva.
La medida también alcanza a los ejecutivos Carlos Mundin, presidente de la compañía de ingeniería BTU, y Gerardo Ferreyra, dueño de la firma Electroingeniería.
En los diferentes fallos en que rechazaron las excarcelaciones, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que los siete acusados podrían entorpecer la investigación en caso de estar en libertad.
En ese sentido, los camaristas evaluaron que es una “compleja” y “voluminosa” investigación, vinculada a hechos de corrupción, y señalaron que hay en curso una gran cantidad de medidas de prueba, por lo que la causa se encuentra en un estado incipiente.
“Se valora a los efectos de esta incidencia que el presente proceso —de extraordinaria magnitud— se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a las medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de la prueba, caracterizado además por una compleja y voluminosa investigación que se haya en plena sustanciación inicial, cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esa tarea”, sostuvieron en el fallo.
Y agregaron: “Conforme lo destaca el juez de grado, aún se encuentran pendientes de producción significativas medidas de prueba como estudios periciales sobre la documentación y efectos incautados”.
En este entramado con más de 38 personas imputadas y 16 detenidos, los empresarios que buscan acogerse al régimen del imputado colaborador (como otros tantos directivos y ejecutivos) fueron acusados de ser partícipes necesarios de la asociación ilícita.
