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Un docente de 42 años sobre el que pesa una reciente condena por el abuso sexual de una menor de edad, fue visto la semana pasada, al frente de un curso de quinto grado, en una escuela pública de Villa Ana, un pueblo del departamento General Obligado, ubicado 439 km al norte de la capital provincial.
Las denunciantes son la madre y la tía de la víctima (hoy de 17 años), que a su vez son vecinas del establecimiento educativo. Por el caso se abrió una instancia de investigación y será la Justicia la que deberá evaluar si con su accionar, el docente incumplió las reglas de conducta que firmó al momento de la sentencia.
El caso lo lleva el fiscal Juan Marichal, en tanto la denuncia es impulsada por la abogada querellante Luciana González. FOTO: Archivo El Litoral
Se trata de Julio Alberto Insaurralde (42), quien el 22 de febrero de 2023 suscribió un acuerdo de juicio abreviado, alcanzado por el fiscal de Reconquista, Juan Sebastián Marichal, el abogado del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Orlando Toniolo; y la abogada Luciana González, en su rol de querellante por la familia de la víctima.
Distancia de 200 metros
Como resultado del acuerdo, el juez penal Gonzalo Basualdo declaró culpable a Insaurralde en su carácter de autor del delito de “abuso sexual simple de una menor de 13 años de edad”, por lo que le fue impuesta una conde a de 3 años de prisión de ejecución condicional, más reglas de conducta.
Entre las medidas que debía cumplir Insaurralde para seguir gozando de la libertad ambulatoria cuentan las de fijar domicilio (el que no podrá cambiar mientras dure la condena) en la ciudad de Villa Ocampo; además de una medida de distancia de 200 metros de la víctima y su familia, así como abstenerse de mantener contacto por cualquier medio.
Además, tiene una obligación de no consumir estupefacientes, ni de abusar de bebidas alcohólicas; tampoco deberá cometer nuevos delitos, ni portar armas de ningún tipo y someterse a un tratamiento psicológico.
Contrasentido
Cabe consignar que la sentencia no lo inhabilita para ejercer profesión o cargo público y que tampoco obliga al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a notificar a las autoridades del Ministerio de Educación de la sanción legal impuesta, a pesar de que su ocupación es la docencia.
