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Francisco Riquelme, un preso vinculado al capo narco Esteban Alvarado, fue imputado por instigar desde una cárcel federal la balacera a la seccional 19ª de Rosario, el pasado 27 de diciembre, y también por un ataque frustrado a la escuela Pablo VI, en la zona noroeste. Según la acusación del fiscal Franco Carbone, ambos casos están vinculados a amenazas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien en las últimas horas volvió a recibir otro mensaje de amedrentamiento que se investiga.
Carbone explicó este miércoles en una conferencia de prensa que, tras la detención de dos jóvenes que se tirotearon con la policía en la zona de Génova y Provincias Unidas, en diciembre pasado, y luego de realizar pesquisas y análisis de teléfonos celulares secuestrados, pudieron determinar que “Fran” Riquelme “estuvo detrás” como instigador de la balacera a la mencionada sede policial y del ataque frustrado al colegio.
“Dictó el contenido de esa amenaza al gobernador de la provincia. Claramente es contra Pullaro porque está mencionado. El tenor tine que ver con acciones y reacciones que ha estado haciendo el gobierno respecto al movimiento, endurecimiento y restricciones (de controles) a presos de alto perfil”, amplió el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El fiscal también sostuvo que, de acuerdo a la investigación, Riquelme, al momento de los ataques detenido en Ezeiza y posteriormente trasladado a Marcos Paz, ofreció “300 mil pesos por uno de los ataques” y que se notó una “insistente convocatoria a menores de edad para cometer el hecho”.
A su vez, Carbone aclaró que la imputación a Riquelme no fue por la más reciente amenaza a Pullaro, ocurrida a principios de esta semana cuando dejaron una nota en la que incluyeron a su familia en una oficina céntrica de la ciudad, sino por los dos casos mencionados anteriormente.
“Sobre la nueva amenaza –que él mismo investiga– preferimos realizar una reserva porque tenemos otras hipótesis que seguimos trabajando”, dijo.
La jueza de la audiencia, Hebe Marcogliese, aceptó ambas acusaciones y dictó la prisión preventiva de «Fran», a la vez que estableció una serie de restricciones en las comunicaciones y visitas del preso, solicitadas por la Fiscalía.
Estas medidas incluyen, entre otros aspectos, que reciba visitas solo de familiares directos y sus abogados, sin contacto y a través de un blindex en el área de locutorio, siempre monitoreado por cámaras de seguridad, requisas al menos dos veces por semana en su lugar de detención, y restricción de las comunicaciones a las denominadas líneas blancas (teléfonos fijos a los que puede llamar).
