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La sorpresiva propuesta del intendente de Santa Fe, José Corral, para que la Nación salde parte de su deuda histórica por coparticipación a través de una mayor presencia de fuerzas federales en la provincia —especialmente en Rosario— detonó ayer una fuerte réplica por parte de la administración de Miguel Lifschitz y, al mismo tiempo, sacudió las bases de Cambiemos, donde optaron por tomar distancia del radical afín al macrismo.
Durante una actividad oficial desplegada en la capital provincial, y luego de enumerar casos paradigmáticos de inseguridad, Corral afirmó: “Proponemos que parte de la deuda que tiene la Nación con Santa Fe se vaya saldando a través del refuerzo de fuerzas federales”.
El radical también le puso números a su iniciativa. “Estimamos que 4.500 efectivos adicionales, sumados a los 3.600 que ya hay y que significarían 1.000 más para la ciudad de Santa Fe, 2.500 para Rosario y otros 1.000 para distribuir en el resto de la localidades, permitiría traer esa tranquilidad”, detalló. Además, consideró “indispensable” que las fuerzas federales capaciten a sus pares provinciales. Toda una estocada a la Casa Gris.
Sin embargo, el ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, rápidamente cruzó con dureza al intendente santafesino.
“Le pido prudencia a Corral con un tema tan sensible como la inseguridad. Además, debería ser más cuidadoso con la forma en que trata el tema: una deuda de este volumen no puede diluirse en un gasto corriente como un pago por fuerzas federales, algo que sí nos exigió en su momento el kirchnerismo”, enfatizó el funcionario.
En ese sentido, el jefe de la cartera política hizo hincapié en que “tampoco contribuye generar expectativa en los santafesinos con cosas que son, hasta legalmente, impracticables”.
Por su parte, el ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, afirmó que la iniciativa de Corral “supone un impacto claramente negativo”. Y fundamentó: “Hay un problema vinculado al federalismo fiscal. El financiamiento de las fuerzas federales corre por cuenta del gobierno central y no de las gestiones provinciales y municipales”.
Luego sostuvo que el radical “desconoce la existencia de una ley provincial sancionada días después de los fallos de la Corte Suprema nacional (ordenando el pago de las deudas a las provincias), que define que todos los recursos que sean recibidos en el marco de esa resolución deben ir a la ejecución de gastos de capital, es decir, obras”.
A su turno, el fiscal de Estado provincial, Pablo Saccone, recordó que la misión de las fuerzas federales se articula “dentro de la política de seguridad dispuesta por el Ejecutivo nacional y no según el mejor postor que pueda pagar o no por el servicio”.
Al respecto, Saccone resaltó que, llegado el caso, el propio gobierno central es el que debe disponer la intervención de esos efectivos “en un momento determinado o por alguna circunstancia especial” en cualquier punto de la Argentina.
“Los contribuyentes santafesinos ya aportan cuantiosamente al Tesoro nacional para la provisión de servicios federales, por lo que no tiene sentido pagar por los mismos dos veces. Menos con una deuda que la Nación contrajo por no otorgarle a Santa Fe lo que la ley obliga”, concluyó.
