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Un caso de violencia digital de género que conmocionó a San Jerónimo Sud, localidad de 3.000 habitantes a 35 kilómetros de Rosario, llegó este miércoles a una resolución judicial que marca un precedente. Un hombre fue condenado tras ser acusado por mujeres del mismo pueblo de crear y difundir imágenes de índole sexual manipuladas con inteligencia artificial (IA), una técnica conocida como «deepfake«.
La denuncia inicial data de 2023, cuando una vecina del pueblo descubrió que su imagen había sido utilizada en un video pornográfico falso. Este tipo de manipulación se viralizó y afectó a cerca de 80 mujeres de la zona, informó Telenoche Rosario (El Tres).
El hombre condenado utilizaba la IA para generar los videos, tomando las fotos de las víctimas directamente de sus redes sociales. Luego, subía y difundía este material manipulado en un grupo de Telegram, lo que permitía que las imágenes llegaran a teléfonos de toda la región.
Las víctimas manifestaron que esta situación les provocó un inmenso daño psicológico y físico, afectando sus vínculos personales, matrimoniales y laborales. A pesar de que al inicio del proceso judicial se reportaron 80 víctimas, solo un pequeño grupo continuó como querellante particular hasta el final.
El vacío legal y el precedente judicial
El caso se enfrentó a un vacío legal inicial, ya que la Fiscalía dudó sobre dónde encuadrar este tipo de acciones como delito. Las leyes no están completamente actualizadas para abordar la manipulación digital y la violencia cibernética.
La jueza Griselda Strólogo presidió la audiencia de conciliación, que culminó en una especie de juicio abreviado. La magistrada destacó la importancia de la visibilización del caso como un precedente histórico de la violencia digital.
En su declaración, Strólogo alentó a las víctimas a seguir denunciando, según un audio que difundió Telenoche: «El acceso a la Justicia y que sean tuteladas jurídicamente no tiene que ver con una ley nueva, tiene que ver con que nosotros tenemos las herramientas para que ustedes accedan».
La condena y el pedido de perdón
Durante la audiencia, el condenado hizo uso de la palabra y pidió perdón a las víctimas, asegurando que no era «consciente del daño» que podía provocar. Afirmó que, tras un largo tratamiento psiquiátrico y psicológico, pudo entender las consecuencias de sus acciones.
La sentencia final estableció una multa de $20.000 (el monto máximo que permite la ley) y el pago de $800.000 en concepto de indemnización para el grupo de víctimas querellantes.
Más allá del valor económico, las víctimas y la jueza destacaron el precedente. La intención es que esta condena impulse la necesidad de crear una legislación específica para la manipulación de videos y la violencia de género ejercida a través de la inteligencia artificial.
