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Sofía Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los imputados en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Miguel Ángel Calvete, presentó su renuncia. Hasta ahora ocupaba el cargo de directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en Economía y actuaba como representante del Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
El dictamen judicial describió irregularidades en la asignación de contratos vinculados a medicamentos y prótesis, de acuerdo a lo que consignó TN. En los videos incorporados al expediente se observa cómo el entonces titular de la Andis, Spagnuolo, entra y sale de la vivienda de Calvete, señalado como un intermediario relacionado con proveedores del sector farmacéutico.
Esos movimientos se registraron después de un intercambio de audios entre ambos, donde Calvete le dijo: “Coroa, escuchame, bueno, hablas con (Julio) Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado”. Según el expediente, “Coroa” sería el apodo de Spagnuolo.
El material de la causa también muestra al menos cinco visitas de Calvete a la casa de Spagnuolo en un country bonaerense, entre junio de 2024 y mayo de 2025. En una de las conversaciones, el empresario mencionó a su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, y le solicitó dinero para “subir” fondos al exfuncionario, haciendo referencia a “un boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. El “pelado”, según el expediente, sería el presidente Javier Milei, quien realizó un viaje oficial a ese país en ese período.
El dictamen sostiene que Muñoz era la encargada de “mover” dinero en efectivo, hacer transferencias, manejar la caja de seguridad de Calvete y administrar cheques, entre otras funciones vinculadas a la operatoria financiera del entramado.
Para el fiscal Franco Picardi, estos pagos constituían una condición para asegurar contrataciones estatales dentro de la Andis, organismo central en la provisión de insumos para personas con discapacidad.
La fiscalía planteó que la Andis “fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia”.
Según las acusaciones, el organismo operó como “una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
