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Ninguna de estas autocracias movió una pieza de su tablero para defender la última torre de Nicolás Maduro. Ni siquiera la dictadura cubana, cuya misión última era cuidar la espalda del venezolano cuando tocaran a su puerta. Ahora, el hombre por cuya cabeza había una recompensa de 50 millones de dólares enfrentará un tribunal en el distrito de Nueva York donde se lo acusará de diferentes y aberrantes delitos encuadrados todos bajo un neologismo: narcoterrorista.
No sólo falló la barrera de protección física que La Habana dispuso desde hace años para rodear -y controlar- a Maduro. También fue inútil uno de los trofeos más preciados de Cuba: su sistema de inteligencia para prevenir el cadalso. Nadie aún en el Palacio de Miraflores explicó por qué no pudieron impedir que una unidad del Delta Force -unidad de elite del Ejército- llevara esposados a Maduro y su esposa Cilia Flores. ¿Los custodios quedaron paralizados? ¿Lo entregaron? ¿No estaban disponibles en ese momento?
El nuevo escrito de acusación, de 25 páginas, sostiene que Maduro y su esposa, Cilia Flores, participaron durante más de dos décadas en una estructura criminal destinada a introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos. La fiscalía los acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer ese tipo de armamento. En términos legales, se trata de delitos federales de máxima gravedad, castigados con penas que pueden llegar a cadena perpetua.
El caso será tramitado en el distrito sur de Nueva York, un tribunal que se ha convertido en el epicentro de la ofensiva judicial estadounidense contra el narcotráfico internacional. Allí se juzgaron algunos de los procesos más emblemáticos de las últimas décadas, cuyos antecedentes permiten dimensionar el escenario que enfrenta ahora el mandatario venezolano.
Uno de los precedentes más citados es el del dictador panameño Manuel Noriega. Acusado por Washington de narcotráfico, fue capturado tras la invasión estadounidense a Panamá en diciembre de 1989. Juzgado en un tribunal federal de Florida, Noriega fue condenado en 1992 a 40 años de prisión por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, tras un proceso de siete meses con decenas de testigos.
Más reciente es el caso del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en junio de 2024 en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico y por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. Hernández había sido detenido apenas semanas después de dejar el poder y, al igual que Maduro, negó los cargos en su contra. Su sentencia se convirtió en una de las más severas impuestas a un exmandatario latinoamericano.
Conspiración para importar cocaína a EE.UU.
-pena mínima: 10 años
-pena máxima: cadena perpetua
Narcoterrorismo (delito especialmente agravado en la legislación estadounidense)
-puede derivar directamente en cadena perpetua
Conspiración criminal y corrupción
-penas adicionales de 20 años o más por cada cargo
Posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos
-penas que pueden sumar 30 años o más, o incluso perpetua si se vinculan a narcotráfico
Para peor, Cuba no identificó a tiempo al informante que la CIA infiltró en el círculo íntimo de Maduro y que instruyó a la agencia de inteligencia norteamericana sobre el paradero exacto del dictador al momento de su captura. Desde hacía meses -de acuerdo a The Wall Street Journal- la CIA seguía con lupa al líder chavista acusado de narcoterrorismo. ¿A cuántos jerarcas más infiltró? ¿Cuántas personas de confianza le quedan a Diosdado Cabello o a Vladimir Padrino López? El generalísimo volvió a buscar en su agenda los contactos que supo cultivar.
