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El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma fue oficializada mediante el decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de haber sido aprobada días atrás por el Senado.
La iniciativa había sido sancionada por la Cámara alta con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y se convirtió en uno de los principales proyectos impulsados por el oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.
Entre los cambios más relevantes que introduce la legislación se encuentra la disminución de la edad de imputabilidad, así como la creación de un sistema de penas diferenciado según la edad del adolescente y las características del delito cometido.
El nuevo marco legal establece que las sanciones aplicadas a adolescentes deberán orientarse a la educación y la resocialización, con el objetivo de favorecer su integración social, el acceso al trabajo y la comprensión de las consecuencias del delito cometido.
En ese sentido, la norma dispone que la privación de la libertad deberá aplicarse únicamente como último recurso y por el tiempo más breve posible. Además, prohíbe expresamente la imposición de penas perpetuas o indefinidas, así como la generación de antecedentes penales permanentes.
La legislación también fija criterios para la adopción de medidas restrictivas durante el proceso judicial. En esos casos, la restricción de la libertad deberá estar debidamente fundamentada y basada en la existencia de riesgos procesales comprobados.
En cuanto a las condiciones de detención, la ley determina que los adolescentes privados de la libertad deberán ser alojados en espacios especialmente acondicionados y bajo la supervisión de personal capacitado para el trato con menores. Asimismo, se prohíbe su alojamiento junto a personas adultas.
