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En medio de los reclamos de jubilados y el reciente paro de médicos de cabecera en Rosario, el director ejecutivo del Pami central, Esteban Leguizamo, aseguró este jueves que «no hay crisis» en la obra social. El funcionario nacional defendió el cambio en el sistema de pagos a los profesionales de la salud, confirmó la cancelación de deudas con prestadores locales y desmintió categóricamente un presunto vaciamiento de los policlínicos propios que el instituto tiene en Rosario.
Durante una entrevista en el programa De tarde en tarde (Radio 2), Leguizamo buscó llevar tranquilidad a los afiliados tras las protestas de transportistas y las quejas de los usuarios por las demoras en los turnos. «Los vencimientos que correspondían al 31 de marzo fueron abonados y todos los vencimientos que están cursando durante el mes de abril se están pagando«, afirmó, aunque admitió que puede haber retrasos puntuales debido a nuevas auditorías. Sobre los transportistas de pacientes, adelantó que la cancelación se hará efectiva en el transcurso de este mes.
Uno de los puntos de mayor conflicto en los últimos días fue el cambio de nomenclador denunciado por los médicos de cabecera, quienes advirtieron una fuerte reducción en sus ingresos. Al respecto, el funcionario explicó que se implementó un sistema de «cápita cerrada», elevando el monto base de 950 a 2100 pesos, lo que representa un aumento del 120 por ciento. «Yo por cada afiliado pago un monto total de la cápita. Le voy a pagar ese monto por los mil, atienda a uno, atienda a 10, 100 o no atienda a ninguno», graficó Leguizamo.
La modificación en el esquema de pagos, dijo el director del Pami, obedece a que en el sistema anterior se detectaron severos «desvíos» e irregularidades en la facturación que impactaban de lleno en la caja del instituto. «Teníamos habitualmente 20, 30, 40 consultas por paciente por año. Totalmente desviado. Se va de toda estadística», advirtió en referencia a las atenciones declaradas por algunos profesionales. Además, aseguró que descubrieron prestaciones facturadas con el plus correspondiente a excombatientes de Malvinas a pacientes que en realidad no tenían esa condición.
Ante esta situación, las autoridades radicaron las denuncias correspondientes en la Justicia. «Hicimos las denuncias en la UFI», sentenció Leguizamo. «Hacemos un manejo ordenado, responsable del presupuesto, sabemos que el presupuesto es finito y tenemos que dar la mejor prestación», agregó el titular del organismo, a la vez que justificó que las medidas de control deben aplicarse a nivel nacional, para los más de cinco millones de afiliados, y no por zonas particulares.
