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El juez federal Luis Armella les prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a su ex pareja Jesica Cirio, aunque decidió no hacer lugar al pedido de detención requerido por el fiscal Sergio Mola, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
En concreto, el ex intendente y la modelo tendrán la “obligación de no ausentarse de un radio de cincuenta kilómetros del domicilio denunciado, sin autorización judicial previa, y obligación de comunicar al Tribunal, con suficiente antelación, todo desplazamiento que importe una ausencia superior a veinticuatro horas de dicho domicilio”.
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En su pedido de detención, el fiscal Mola había argumentado que existía riesgo de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas.
La causa avanza tras la difusión de videos grabados en 2023, donde se observan fajos de dólares en el vestidor de la casa de Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. A raíz de este material, la Justicia ordenó allanar domicilios vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo, así como peritar el teléfono celular que la modelo entregó en sede judicial. Se intenta establecer el monto exhibido en las imágenes, que según los investigadores rondaría los diez millones de dólares.
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Piccirillo es un financista que fue pareja de Cirio después de su divorcio con Insaurralde. Actualmente cumple prisión domiciliaria por una causa en la que se lo acusa de haber armado un operativo para imputar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero.
La causa identificada como FLP 38935/2023) investiga, entre otros, a Martín Insaurralde por dos figuras penales: Lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y Enriquecimiento ilícito (art. 268, inc. 1 del Código Penal). El período investigado abarca los años 2009 a 2023.
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Uno de los allanamientos a la casa de Martín InsaurraldePor qué el juez rechazó la detención
El magistrado esgrimió cinco argumentos centrales para no ordenar la detención:
1. El video no está peritado:
El material audiovisual en el que se ve a la la la conductora de TV con dinero en efectivo —detonante del pedido fiscal— aún no fue analizado por la DATIP (dependencia del propio Ministerio Público). El juez ordenó un peritaje para determinar si el video fue modificado o adulterado, incluso mediante inteligencia artificial, y para establecer si el vestidor corresponde a algún inmueble de los imputados. Sin ese resultado, el elemento de prueba central carece de validez comprobada.
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