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El Gobierno nacional estima que los precios de los combustibles podrían registrar una baja de hasta 17% a comienzos de septiembre, una medida que, según la visión oficial, ayudaría a consolidar la desaceleración de la inflación. Mientras tanto, la intención es que los valores en los surtidores permanezcan estables durante un período de entre 45 y 60 días, permitiendo que las empresas petroleras recuperen parte de la rentabilidad que resignaron al absorber una porción del aumento internacional del petróleo.
La expectativa surge luego de la fuerte corrección del precio del Brent, que regresó a niveles similares a los observados en febrero tras el incremento ocasionado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Durante los meses de mayor volatilidad, las compañías del sector —con YPF a la cabeza— optaron por no trasladar en su totalidad el encarecimiento del crudo al mercado interno. Ahora, el Ejecutivo considera que el escenario internacional abre la posibilidad de aplicar una reducción en los valores, aunque primero buscará que las firmas recompongan parte del margen perdido.
Si esa proyección se concreta, la nafta súper pasaría de los actuales $2.047 a aproximadamente $1.699 por litro, mientras que la premium bajaría de $2.244 a cerca de $1.863. Aunque esos montos no devolverían los precios a los registrados en febrero, sí representarían una reversión importante de las subas aplicadas en marzo, cuando la súper aumentó 24,2% y la premium 19,6% como consecuencia del incremento del valor internacional del petróleo.
Dentro de la Casa Rosada creen que una reducción nominal en el precio de los combustibles tendría un efecto positivo sobre las expectativas y contribuiría a moderar la dinámica inflacionaria. La apuesta oficial es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúe descendiendo después del 2,1% registrado en mayo y de una estimación inferior al 2% para junio.
En ese contexto, algunos funcionarios incluso consideran posible que la inflación se acerque a cero durante septiembre. No obstante, admiten que ese escenario dependerá de distintos factores, entre ellos la evolución del tipo de cambio, el comportamiento del precio internacional del petróleo, la política impositiva y las variaciones que puedan registrar otros precios regulados.
Uno de los aspectos que todavía permanece bajo análisis es el impuesto a los combustibles. En los últimos meses, el Gobierno optó por aplicar aumentos parciales y postergar buena parte de las actualizaciones acumuladas desde 2024, con el objetivo de evitar una mayor presión sobre los surtidores. Sin embargo, una futura normalización de ese tributo podría limitar el margen para que las petroleras reflejen plenamente la esperada baja en los precios.
Pese a esa incertidumbre, en el oficialismo sostienen que el valor de los combustibles tiene un impacto que trasciende su incidencia directa en el índice de inflación. Consideran que influye de manera decisiva en los costos logísticos, el transporte y las expectativas tanto de los consumidores como de las empresas, por lo que cualquier modificación en los surtidores adquiere una relevancia económica y política significativa.
