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Este miércoles 5 de marzo se cumple un año del asesinato del taxista Héctor Figueroa, el primero de una saga de crímenes a trabajadores de la ciudad que derivaron en el despliegue de fuerzas federales en Rosario bajo el denominado plan Bandera implementado por Nación, en coordinación con el gobierno de Santa Fe y el municipio.
En aquellas semanas de inicios de marzo de 2024, luego del ataque al primer taxista le siguieron su colega Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia cuando manejaba la línea K de trolebuses y el playero Bruno Bussanich.
A un año de aquella seguidilla de hechos de terrorismo urbano, el gobernador Maximiliano Pullaro difundió este miércoles un mensaje en sus redes sociales recordando a “Héctor, Diego, Marcos y Bruno”.
“No quiero que nadie con responsabilidades de gobierno olvide a esas víctimas inocentes. Sus familias los recuerdan cada día”, expresó el mandatario provincial.
El gobernador sostuvo que la acción coordinada y enfocada de todos los poderes del Estado con el conjunto de la sociedad tomó “la decisión de no dar ni un paso atrás en la lucha contra las mafias, y para garantizar que los homicidios fueran esclarecidos y los responsables paguen”.
“Gobierno Nacional, Provincial, Legislatura y Justicia sabemos que estamos un poco mejor, pero muy lejos de estar bien, y sabemos que la narcocriminalidad aún está activa y que puede actuar”, alertó Pullaro.
“Sabemos que estamos haciendo lo necesario y que tenemos en marcha la adquisición de dispositivos de seguridad modernos y robustos que en el futuro cercano nos ayudarán a evitar esas acciones que pretenden generar terror en los santafesinos”, indicó.
Finalmente, el gobernador prometió que seguirá profundizando los cambios puestos en marcha para “ganar esta difícil pelea contra las organizaciones criminales y sus cómplices”.
Los hechos de marzo
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Los brutales asesinatos de los dos taxistas, el playero de una estación de servicio y el conductor del trolebús fueron cometidos por delincuentes vinculados al narco.
En los días previos el gobernador había anunciado un incremento en los controles en las cárceles para que presos no tuvieran acceso a celulares, entre otras medidas.
A los pocos días, se conocieron amenazas y mensajes de bandas narcocriminales donde se decía que “inocentes” iban a ser asesinados.
