Ante la situación de crisis, piden que se declare la emergencia alimentaria

Ante el escenario de crisis económica y social que atraviesa el pais, y luego de reunirse con representantes de instituciones barriales de Empalme Graneros, el concejal Eduardo Toniolli y la diputada nacional Lucila De Ponti reclamaron a los distintos niveles del Estado la puesta en marcha de iniciativas “orientadas a paliar la dura situación en materia alimentaria que atraviesan los sectores populares”.

Para justificar esta solicitud, Toniolli esgrimió un estudio reciente que llevó adelante una consultora local, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que mide el costo de vida en los barrios populares de la ciudad de Rosario, se encargó de remarcar que “para cubrir solamente las necesidades básicas alimentarias, un hogar de los barrios Casiano Casas, La Sexta, La Lagunita, o el Saladillo, necesitó en junio 9.076 pesos”. Desde ese marco estadísticode análisis, el edil agregó que “producto de las políticas de ajuste y precarización que instaló el gobierno de Macri, en muchos hogares rosarinos el único ingreso es la Asignación Universal por Hijo, porque ya la changa no existe más y dejó de ser un recurso para estas personas”.

Desde ese lugar, el concejal justicialista anunció que ingresó un proyecto en el cuerpo legislativo local “solicitando al Municipio que inicie gestiones inmediatas ante el gobierno de la provincia de Santa Fe para aumentar el monto de la Tarjeta Unica de Ciudadanía, ayuda estatal destinada a la compra de alimentos en hogares en situación de extrema vulnerabilidad, de los actuales 273 pesos, vigentes desde julio de 2016, a 1000 pesos”.

El concejal Toniolli remarcó especialmente que “hace un tiempo las demandas habituales en los barrios más humildes de la ciudad de Rosario y en toda la región tenían que ver con el acceso a los servicios básicos, a la obra pública, a la vivienda, las cloacas, la erradicación de las calles de tierras, y otros reclamos ligados a mejorar el entorno más cercano. Lamentablemente ahora en este escenario de crisis, esa agenda parece haber pasado a un segundo plano, no porque se haya resuelto, si no porque resulta mucho más acuciante para muchísimas familias rosarinas saber si mañana van a poder darle de comer a sus hijos”.

Preocupación

A su turno, la diputada Lucila De Ponti, una de las impulsoras del proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria que presentaron los movimientos sociales en el Congreso Nacional, se mostró muy preocupada por el estado económico y sacial actual del país y señaló que ese cuerpo legislativo de carácter nacional se propone “garantizar el derecho a una alimentación adecuada para toda la población, y aparte plantea hacerlo generando un circuito realmente virtuoso para que esta demanda tan especial sea abastecida correspondientemente por pequeños agricultores, y por los productores de alimentos de la economía popular”.

“En este momento particular del país, el aumento del costo de vida se explica principalmente por el aumento de la canasta básica alimentaria, que sufrió subas realmente exorbitantes que no se acompañan de aumentos de ingresos, lo que da como resultado un aumento pronunciado de la pobreza estructural”, agregó la legisladora que integra el bloque Peronismo Para la Victoria.