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El gobierno nacional avanza en la negociación con los gobernadores en busca de respaldo legislativo para el presupuesto 2026 y las reformas de “segunda generación” que impulsa Javier Milei, con la laboral como prioridad. Lo hace, por ahora, de manera quirúrgica, con gestos direccionados hacia provincias específicas, como el guiño a las jurisdicciones mineras con el plan de flexibilización de la ley de glaciares o la rebaja de retenciones para el petróleo convencional que celebró Chubut. En ese marco, hay distritos que manejan tiempos y reclamos particulares, que exceden las cuestiones económicas. El caso de Santa Fe es paradigmático.
Maximiliano Pullaro todavía no pisó Balcarce 50 en el marco de la nueva ronda de diálogo. El mandatario santafesino prefiere administrar el vínculo con la Nación sin dejar que las urgencias ajenas lo arrastren a una eventual foto vacía. La semana pasada habló varias veces por teléfono con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y ambos coincidieron en que deben reunirse. Pero la fecha aún no se estableció y el compromiso del funcionario nacional es que viajará él a Santa Fe.
Mientras tanto, la escena nacional se mueve rápido. El oficialismo ya tomó nota de que la modificación técnica de la ley de glaciares para ampliar la superficie habilitada para la explotación minera puede convertirse en un puente hacia los gobernadores de las provincias cordilleranas, que controlan un paquete decisivo de votos en Diputados y Senadores. Lo mismo ocurrió con Chubut, que logró una reducción de retenciones para el petróleo convencional justo cuando más necesitaba un gesto fiscal. Se trata de acuerdos selectivos: respuestas a demandas específicas sin abrir la billetera, a cambio de apoyo político para el presupuesto y la “ronda dos” de reformas estructurales que Milei tiene en agenda.
La seguridad en carpeta
Santa Fe también elevó su lista de pedidos, pero con prioridades diferentes y un marco de negociación propio. Pullaro ya expuso públicamente cuáles son los puntos centrales: el pago de deudas que la Nación mantiene con la provincia —algunas históricas, otras más recientes—, la reactivación de obras de infraestructura claves, reparación de rutas nacionales, y un capítulo que para el gobierno santafesino es tan o más importante que lo económico: la continuidad y el fortalecimiento del plan de seguridad conjunto con el gobierno nacional.
