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Un día antes de que comience la revisión de las condenas a la banda de Los Monos, unos veinte balazos fueron disparados contra un edificio donde vivió la familia de una jueza de ese tribunal. Los disparos fueron realizados con una o dos armas calibre 9 milímetros a una propiedad de San Luis al 1400 y al menos seis proyectiles atravesaron la puerta vidriada del frente. En ese lugar, entre quince y veinte años atrás vivieron familiares de la camarista penal Gabriela Sansó. Es una de las juezas que se aplicará desde hoy a las audiencias de apelación de 17 condenados por pertenecer a la banda y dos absueltos. El atentado elevó a doce la cantidad de ataques a viviendas de magistrados o funcionarios que intervinieron en la causa penal contra la organización.
Ayer también se conoció que ingresó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) una denuncia por un llamado al 911 con el que una persona alertaba sobre un supuesto plan para matar al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, lo que pese a no tener más referencias que expresiones verbales fue notificado a los fiscales actuantes por la Policía de Investigaciones (PDI) (ver aparte). Además, en virtud de las reiteraciones de balaceras, a las que se suman intimidaciones y hasta el asesinato hace diez días de un testigo clave que incidió en la condena a Los Monos, se decidió la ampliación de la estructura investigativa. Ahora todos los hechos vinculados serán examinados por cinco fiscales que harán trabajo conjunto con análisis de evidencia colectada y con un cuerpo ampliado de empleados. Miguel Moreno, Matías Edery, Nicolás Foppiani y Aníbal Vescovo se suman a Natalia Benvenuto.
Ataque y cartel
Entre la 1.30 y las 2 de la madrugada de ayer los disparos retumbaron frente a un edificio antiguo de San Luis 1451. Al igual que en el último ataque, en las cercanías apareció un cartel escrito en birome sobre un trozo de cartón con este mensaje: «Dejen de meter presos a los pibes». Los investigadores contabilizaron veinte balazos que impactaron contra el vidrio de la puerta de ingreso, la fachada del edificio, los balcones de los primeros pisos y la cortina de un comercio vecino.
«Vino la policía, la PDI y tomaron todos los recaudos. Y así estamos, totalmente devastados, pensando por qué, aunque no tenemos ningún tipo de asociación con nadie. Pero lo que sí me encuentro es con mi casa totalmente tiroteada», contó Mónica, una abogada que vive con su esposo en el primer piso del edificio y que a la madrugada escuchó un fuerte estruendo pero recién a la mañana se encontró con que al menos 13 impactos habían dado contra el balcón de su casa. Los tiros incluso perforaron una persiana del departamento.
La embestida ocurrió tres días después de la última balacera. La anterior se registró la madrugada del viernes contra un edificio de Buenos Aires al 170 lindero a la residencia del padre de la jueza Marisol Usandizaga. Esa intimidación se produjo horas antes de la visita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para interiorizarse sobre los atentados. Y en esa ocasión los agresores también dejaron un cartel con la leyenda: «Dejá de meter pibes presos porque va a ser peor». Según se indicó desde Fiscalía, se usó una tipografía distinta en cada caso.
Sin pausas
Con el episodio de ayer suman doce los hechos que tuvieron como blanco a funcionarios judiciales y policiales que investigaron a Los Monos. La semana pasada hubo tres detenidos por los dos primeros, registrados hace dos meses y medio contra dos viviendas que pertenecieron a Ismael Manfrín, presidente del tribunal que condenó a la banda en abril.
Según evidencia citada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) esos dos ataques fueron ordenados desde la cárcel de Piñero por el condenado a 22 años de cárcel como jefe del clan, Ariel «Guille» Cantero.
El último incidente tuvo como escenario al corazón comercial de calle San Luis. Las declaraciones de los vecinos difieren en algunos minutos, por lo que que el horario de los disparos se situó entre la 1.30 y las 2 de la madrugada. De acuerdo con el MPA, en el lugar se levantaron vainas calibre 9 milímetros que serán peritadas y comparadas con los plomos del mismo calibre recolectados en los hechos anteriores.
«Se estima que se utilizaron una o dos armas. Hay medidas investigativas respecto a este tema. No hay indicios de que se haya usado ametralladora», precisó la Fiscalía ante la gran cantidad de impactos, la más alta desde que arrancó la saga.
En la pesquisa interviene el fiscal de Flagrancia Rodrigo Urruticoechea, quien dio intervención al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para que realice las primeras medidas. Los datos obtenidos se remitirán luego a la Unidad de Delitos Complejos y Económicos que concentra la investigación de los ataques.
Sobre la hora
La balacera ocurrió 30 horas antes de que comiencen las audiencias de apelación de las condenas a la banda. Ese trámite arrancará a las 9 de hoy en el Centro de Justicia Penal, el edificio de Sarmiento y Virasoro que fuera baleado la madrugada del 4 de agosto pasado y que desde entonces tiene restringida la circulación del tránsito en su perímetro. El debate se extenderá hasta el 29 de agosto. Gabriela Sansó presidirá el tribunal de revisión que además integran las camaristas Carolina Hernández y Bibiana Alonso (ver aparte).
Tras la balacera en el microcentro, el ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro dijo que cada vez los atacantes «se animan a más» y ratificó que el gobierno provincial «bajo ningún concepto va a retroceder».
“Sobre este incidente se está trabajando. Es prematuro hacer evaluaciones. Pero sí repetimos lo que venimos señalando. Estas cosas suceden porque hay una firme decisión de sostener una lucha frontal contra las mafias”, dijo a La Capital.
“Del crimen organizado”
“No nos moveremos un centímetro —remarcó—. Vamos a seguir dando con los responsables y los vamos a poner a disposición de la Justicia una vez más”. Luego, durante el acto de conmemoración del 164 aniversario de la policía rosarina agregaría que “estas acciones apuntan a golpear las decisiones que tomó el Estado de la provincia de Santa Fe”, además de atribuir los ataques al “crimen organizado”.
“Queremos decirles que no nos van a quebrar, porque está claro que con estas acciones se pretende amedrentar a los jueces para quebrar alguna decisión que tomaron o que vayan a tomar”, añadió. Los ataques motivaron días atrás la reacción del Colegio de Magistrados en reclamo de esclarecimiento de los hechos, mientras que el gobernador Miguel Lifschitz los catalogó como “un ataque a la institucionalidad”.
Tras los dos atentados a casas de Manfrín del 20 de mayo pasado la saga continuó con la casa del padre y de la ex esposa del juez instructor Juan Carlos Vienna, del inspector de la División Judiciales Ariel Lotito, del subcomisario de la misma brigada Luis Quevertoque, tres domicilios ligados a la jueza Marisol Usandizaga, además del CJP y la casa del ex intendente y ex presidente de Rosario Central Horacio Usandizaga, padre de la jueza Marisol, el viernes pasado.
La única certeza
Desde que comenzaron los atentados, y en medio de un clima de incertidumbre y conjeturas, la única certeza fue expuesta en una audiencia penal del jueves pasado cuando Brian F. fue imputado por el ataque al edificio de Montevideo al 1100 donde viviera Manfrín. Lo incriminan declaraciones de dos testigos de identidad reservada, escuchas telefónicas y material incautado a un celular que usaba en la cárcel “Guille”, quien en los próximos días será imputado como autor intelectual de ese atentado.
Un adolescente de 17 años, en tanto, fue indagado el viernes por la primera balacera de la saga a una casa de Italia al 2100 luego de que se interceptara un llamado en el que recibe la orden de dispararle “nueve tiros” al inmueble.
