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La provincia de Santa Fe confirmó que intentará revertir la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario que dejará sin millones de pesos que ya habían presupuestado municipios, comunas e incluso la administración del gobernador, Miguel Lifschitz, para financiar obras públicas. El cónclave que se desarrollará esta tarde desde las 15 hs. en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” de Santa Fe será el primer paso en el que se buscará consensuar un plan para resistir el decreto del presidente, Mauricio Macri, y recuperar el Fondo Sojero.
El intendente de Rafaela, Luis Castellano, será uno de los tantos intendentes que participará de este encuentro convocado por Lifschitz. Como ya se informó la semana pasada, la Municipalidad local recibía en promedio un millón de pesos mensuales en concepto del Fondo Sojero. Y si bien ya embolsó $ 6 millones durante el primer semestre de este 2018, el resto de lo que ya tenía previsto cobrar finalmente no lo recibirá de mantenerse la medida en el marco del ajuste de gastos que lleva adelante la Nación para cumplir con el acuerdo con el FMI a cambio de un crédito stand bye por 50 mil millones de dólares.
Conocido como “Fondo Sojero”, se integraba con el 30% de los montos recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja. Ese dinero era repartido por la Nación entre las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La semana pasada, el Poder Ejecutivo dispuso eliminarlo, en el marco del plan de ajuste que lleva adelante.
La Provincia de Santa Fe tenía previsto ingresos en concepto del Fondo Solidario por unos 2.300 millones de pesos para este 2018, de los cuales redistribuía entre municipios y comunas más de $ 600 millones. En el caso del departamento Castellanos, sus municipios y comunas reciben transferencias por más de 30 millones por año.
El secretario de Municipios y Comunas de Santa Fe, Carlos Torres, insistió ayer en que la medida adoptada a través de un decreto de necesidad y urgencia “impacta de manera negativa en todos los gobiernos de todas las provincias y de todos los colores políticos”. En ese sentido, sostuvo que le hace “acordar al conflicto del campo, cuando una decisión económica del equipo económico de ese momento generó un impacto negativo federal en todos lados; esto es algo parecido”.
Torres manifestó que “es una decisión que generó mucha preocupación en todos los intendentes y presidente comunales, no solamente por el dinero que dejan de percibir los gobiernos locales y la provincia, sino también porque es un momento del año donde todos los gobiernos locales tienen los presupuestos aprobados, están ejecutando obras o bien tienen licitaciones abiertas para hacer obras”.
“Es difícil reemplazar ese fondo. Lo que seguramente va a haber son reclamos no solamente desde el punto de vista legislativo, donde ya hay iniciativas tanto en la legislatura provincial como en el Congreso Nacional para revisar el DNU” sostuvo el funcionario provincial. “Me parece que también va a haber reclamos judiciales. Algunos intendentes ya adelantaron que van a intentar interponer recursos de amparo. Y después veremos qué hacen los gobernadores”, agregó.
