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El esquema que prevé el Ministerio de Seguridad para el futuro de la policía provincial contiene cambios fundamentales que coloquen, como primer objetivo, a los efectivos en la calle y en funciones operativas. Para alcanzar ese desafío el proyecto de ley de sistema policial apunta a poner fin a las 19 unidades regionales, modificar el entramado de las casi 500 comisarías existentes en la provincia, alterar el patrón que concentra al 47 por ciento del personal uniformado en tareas administrativas y ajustar la organización de la fuerza en criterios profesionales.
El proyecto de cambio aduce que la policía hoy no organiza sus rutinas en base a un conocimiento del delito sustentado en análisis criminal idóneo. Indica como problema un personal que exhibe una trayectoria reducida (once años de antigüedad promedio), una concentración casi del 90 por ciento de la dotación en los escalafones más bajos y solo un 5 por ciento con permanencia de más de 25 años, las que permiten capacidades de “alta gerencia policial”.
La liquidación del modelo de 19 regionales obedece a una doble idea. La primera es poner límite a un despliegue de recursos técnicos y humanos que no sigue patrones demográficos ni de recurrencia delictiva. Pero además, según plantea el proyecto que se remitirá a la Legislatura, a desmontar “la influencia informal” del grueso de los senadores sobre la institución policial, lo que produce interferencias en la conducción.
La formulación de profundos cambios en el sistema policial está tercero en los proyectos de ley con los que el ministro de Seguridad Marcelo Sain intenta modificar el sesgo de la seguridad provincial. El diagnóstico indica que las 19 regionales se organizaron porque los núcleos básicos de la política santafesina están en los departamentos. Y que “la departamentalización de la policía favoreció como hecho evidente la influencia de los senadores, que los representan en el Poder Legislativo, sobre la institución policial”.
La influencia política de los senadores en la policía, formula el diagnóstico, supuso “no solo una forma de sectorización y privatización fáctica de la institución policial sino, en algunos casos, la conformación de una conducción en las sombras de la policía, con todo lo que ello implicaba en materia de desprofesionalización e instrumentalización política” de la fuerza.
Debajo de la cabeza máxima de la nueva fuerza, el jefe de policía de provincia, el proyecto ubica al Centro de Análisis, Comando y Control Policial (Ceac), un órgano que estará abocado a la dirección, control y evaluación de la fuerza a nivel estratégico. Bajo el Ceac aparecen seis superintendencias de seguridad. Las cabeceras son Santa Fe, Rosario (abarca también el distrito judicial de Villa Constiución), San Lorenzo (también concentra distritos judiciales de Cañada de Gómez y Casilda), Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.
¿Sustituyen estas seis superintendencias a las actuales 19 regionales? “No reemplazan a las regionales porque son una estructura completamente distinta, aunque serán verdaderas jefaturas de policía”, explicó Sain. “Cada superintendencia tiene una estructura de comando superior pero funcionará con una doctrina policial totalmente diferente a la vieja sostenida en el criterio de ocupación territorial. Y combinará tres funciones bajo un mismo mando: análisis criminal, operaciones policiales que derivan de ese análisis criminal y la logística que proviene de combinar las dos previas”, sostuvo.
La policía se dividirá, entonces, en cuatro policías. Serán cuatro escalafones o grandes áreas de competencia según postula el proyecto. Uno de Seguridad Preventiva, integrado por el personal que se desempeña en la policía de la provincia de Santa Fe. Un segundo de Investigación Criminal, integrado por los que trabajan en la Agencia de Investigación Criminal. Un tercer escalafón de Operaciones Especiales, integrado por el personal de la Tropa de Operaciones Especiales en funciones especiales y tácticas. Y un cuarto escalafón de Control Policial, integrado por el personal que se desempeña en la Agencia de Control Policial.
Hay en las primeras sesenta páginas del proyecto un análisis histórico de las normativas de la policía provincial y de sus competencias. Y también un diagnóstico crítico sobre sus capacidades actuales. El texto recuerda que la última ley orgánica policial es de 1975, del gobierno de Carlos Sylvestre Begnis, cuando aún estaba en desarrollo la guerra de Vietnam y faltaba una década y media para la caída del Muro de Berlín. Se indica que la policía provincial cuenta “con bases doctrinarias vetustas y anacrónicas: una organización rígida y conformada por un conglomerado de piezas agregadas sin sentido organizacional integral y modalidades de trabajo perimidas e ineficientes frente a la complejidad de las problemáticas criminales”.
Uno de esos déficit es la excesiva cantidad de administrativos. La fuerza es según el proyecto una institución “corta”, es decir, con recursos humanos insuficientes para cubrir labores de seguridad básicas. Muchos de los que están hoy en labores administrativas (47 por ciento del total en las regionales) pasarán a tareas operacionales. Los que queden en funciones administrativas perderán el carácter de policías y se desempeñarán en áreas ministeriales. “El policía se distinguirá por la tarea operativa que es lo que lo define como policía”, afirma Sain.
Junto con el cambio drástico de labores hacia lo operativo, el proyecto apunta a terminar con el despliegue territorial de personal entre unidades regionales que, precisa el diagnóstico, no se ordena por criterios lógicos como las características demográficas, la extensión territorial y las tasas de criminalidad oficialmente registradas de cada zona. Estas pasarán a ser variables de peso a la hora de distribuir los recursos humanos.
¿Y qué pasará con el sistema de comisarías? Según el trabajo la provincia de Santa Fe contaba en diciembre del año pasado con 492 unidades de Orden Público, distribuidas entre sus 19 Unidades Regionales, de las cuales 229 eran comisarías, 147 subcomisarías, 112 destacamentos y cuatro puestos policiales. Durante la gestión de Miguel Lifschitz se había postulado en las mayores ciudades el reemplazo de las comisarías por un sistema de estaciones policiales que articularía la dotación de patrullas.
El plan del gobierno no dirimirá en lo inmediato este punto. “Cómo se armarán las estructuras que estén por debajo de las seis superintendencias derivará del análisis de la problemática criminal de cada superintendencia”, dice Sain. ¿Qué supone eso? “En cada lugar habrá unidades especializadas trabajando, como seguridad comunitaria, orden público, seguridad preventiva, seguridad vial y seguridad rural. Decidir cómo se organizarán las estructuras nos llevará dos años de evaluación en cada superintendencia. Las estructuras se arman con tiempo de observación y no al día siguiente de promulgarse la ley”, dijo Sain.
La seguridad preventiva según el proyecto se basará en el mapeo criminal. Eso supone que las rutinas policiales en la calle se planifiquen a partir del análisis de lo que pasa allí. “Hoy el trabajo está asentado en el patrullamiento o vigilancia aleatorios y en la respuesta a llamados de emergencia, siempre en el marco de una acción reactiva y de escasa eficacia en el abordaje de eventos delictivos. Está comprobado que la mayoría de los problemas criminales pueden ser eficazmente reducidos si el sistema policial de seguridad preventiva interviene de manera “focalizada” en los espacios donde ocurren, abandonando la “presencia policial aleatoria”, postula el proyecto de ley.
Para ello hay que conocer lo que pasa con bases de datos. ¿Pero eso no lo hace la central criminal OJO? El diagnóstico es que el funcionamiento del OJO es deficiente: “No se analiza la información acumulada, en vistas a un patrullaje focalizado, y solo se responde a la emergencia. La información recibida por el OJO no es de calidad, es parcial, no se encuentra protocolizada y solo es transmitida esporádicamente. El análisis criminal es episódico y los reportes no permiten orientar la labor preventiva de la policía, la que trabaja de forma azarosa y de acuerdo a los criterios de sus respectivas jefaturas”, plantea el análisis de Seguridad.
La iniciativa reconoce el alicaído nivel salarial de los policías, en especial los de menor jerarquía, lo que los obliga a tomar otras funciones para mejorar su ingreso. Y fija el sueldo básico como equivalente a 2,5 veces el salario mínimo fijado por el Consejo del Salario nacional.
También destaca fuertes desajustes en torno de la antigüedad policial. Un 25 por ciento del personal entró a la policía santafesina hace menos de cinco años y el 50 por ciento hace menos de diez. La antigüedad promedio del personal policial es 11,58 años, lo que define una dotación mayormente joven y asentada en escalas bajas. Un total de 19.128 policías, esto es, casi el 90 por ciento de la dotación de la provincia, se concentraban en diciembre pasado en los grados más bajos de la escala jerárquica policial.
La juventud marcada de la policía de Santa Fe tiene como contrapartida la falta de mandos superiores con capacidades de alta gerencia policial. Solo 1.106 efectivos sobre los 21 mil de la fuerza tenían en diciembre una antigüedad de entre 26 y 40 años de servicio. Eso equivale al 5,2% del personal total de la institución.
Otro problema detectado es que históricamente no se siguió una estrategia de promoción y capacitación de altos mandos policiales. “Los ascensos a los grados superiores se lograron por antigüedad, «permanencia» en la institución e influencia política o institucional –aun con los «concursos» y no por mérito”, indica el dictamen.
El problema con el que tropezará la ley es que la capacitación policial, que ordenaría las promociones en base a un esquema más virtuoso, todavía es tachada de deficiente. Una mejor instrucción policial, para generar ascensos en base a capacitación y mérito, implicará otro desafío a recorrer.
