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LA NACION
Las cárceles están desbordadas desde hace tiempo, con una sobrepoblación carcelaria de más de 1000 internos que se potenció a partir de la entrada en vigencia hace seis años del sistema procesal penal acusatorio, que incrementó en un 47 por ciento la cantidad de reclusos , un problema que explotó el lunes pasado cuando comenzaron sucederse motines y disturbios durante toda la semana en reclamo de mejores condiciones sanitarias frente a la propagación del coronavirus . Esos incidentes provocaron la muerte de cinco internos y decenas de heridos.
En una mesa de diálogo, con representantes del gobierno de Santa Fe y del Poder Judicial empezaron a evaluar durante las últimas horas la posibilidad, después de requerir datos más precisos, de descomprimir las cárceles de Santa Fe, donde actualmente hay 5758 plazas, pero una población carcelaria de 6667 presos.
Aunque cada caso será analizado y queda a decisión de los jueces, la idea es otorgar excarcelaciones para aquellos presos con patologías de riesgo y, además, que se dicten salidas transitorias y libertades condicionales para internos que estén en condiciones de llegar a esa posibilidad. Fuentes del gobierno explicaron a LA NACION que ” el número de presos que podrían obtener esos beneficios serían entre 500 y 700 “.
La defensa pública ya comenzó con los pedidos, los que aún en su gran mayoría se encuentran sin resolución. Se instó tanto a los jueces como a los fiscales a la flexibilización de los criterios actuales, en aplicación de las normas que emergen de la situación de pandemia, que brindan criterios claros para su aplicación y les brindan el respaldo para la fundamentación de esas resoluciones que deberían apuntar a reducir la población carcelaria todo cuanto jurídicamente corresponda”, señaló a LA NACION la titular de la Defensoría Pública Jaquelina Balangione, quien esta semana presentó 133 habeas corpus en favor de internos en riesgo.
Los motines estallaron casi al mismo tiempo el lunes pasado en los penales de Coronda, donde hay 1400 internos, y en Las Flores, donde están alojados 1030 reclusos. También se produjeron disturbios en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero , a 20 kilómetros de Rosario, donde están privados de su libertad 2030 personas, entre las que se encuentran los jefes narco de las principales bandas de Rosario, como Los Monos , Alvarado y Los Funes , entre otros.
El estallido más fuerte se produjo en el penal de Las Flores , donde están los reclusos delitos menos graves, aunque de condición social más marginal. El detonante de los reclamos, que comenzaron el fin de semana pasado en Piñero, se
se centró en un principio en medidas de sanidad ante el coronavirus, pero con el correr de las horas las demandas se desplazaron a otro problema: como se habían prohibido el ingreso de las visitas, no entran más los llamados “bagayos”, paquetes con víveres, uno de los canales por los cuales se ingresa la droga a las cárceles, algo que desnudó también el severo problema de salud, con fuertes adicciones de la población carcelaria.
Luego de los motines, que dejaron destruida en un 90 por ciento la cárcel de Las Flores y cuatro pabellones del ala norte de Coronda, las autoridades del Servicio Penitenciario autorizaron el ingreso de alimentos a los penales. En Las Flores comenzaron los trabajos para reacondicionar el penal donde fueron arrasadas la farmacia, la escuela y la enfermería. Pero surgieron otros problemas, derivados de la cuarentena extramuros.
