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Mientras indagaba al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, a quien había indagado el viernes pasado, en la causa en la que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente. Fuentes judiciales confirmaron que Dietrich fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y le aplicaron un embargo de 500 millones de pesos sobre sus bienes.
“Entiendo que la función que realizó cada uno de los imputados resultó indispensable para la obtención del resultado querido conforme el plan original. Es decir, ninguno de los intervinientes realiza la totalidad de la acción, sino que ella se produce como consecuencia de la sumatoria de todos los actos parciales de aquellos”, plantea la resolución a la que accedió Infobae.
Para el juez, existió “un complejo engranaje de maniobras que arribaron en la firma de un Acuerdo de Renegociación que a todas luces tuvo como única motivación los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma SIDECO AMERICANA S.A. en la que el Presidente Mauricio Macri y su familia tenía acciones), incumpliendo de este modo los funcionarios intervinientes el deber de resguardar y proteger los intereses del Estado Nacional y de los usuarios, función que les competía conforme el cargo público que desempeñaban”.
Y agregó: “Para estos fines, los funcionarios de mayor rango, que fueron indagados, se ocuparon de nombrar a personas de su confianza o personas que por su conveniencia aceptaran estas reglas (aunque dejaran de lado los intereses que debían resguardar) y apartaron de sus cargos a los que no acompañaran estas operaciones”.
Dujovne declaró por videoconferencia. Su exposición fue breve: el ex funcionario entregó un escrito en donde rechazó las acusaciones y se negó a responder preguntas. El ex funcionario advirtió que él no firmó los contratos que están bajo la lupa. Por la suerte que tuvieron sus compañeros de causa, la defensa de Dujovne aguardaba la firma del procesamiento.
Iguacel y Saravia Frías recusaron a Canicoba Corral y pidieron que fuera apartado de la causa por presunta imparcialidad. Según advirtieron, al confirmar su retiro el propio juez afirmó en declaraciones periodísticas que fue perseguido por el gobierno de Macri y por la prensa y que iba a presentar demandas judiciales cuando dejara el cargo. Para las defensas, esas declaraciones agravan su imparcialidad para seguir al frente del expediente. El ex ministro Dietrich también recusó a Canicoba.
Sin embargo, Canicoba rechazó los planteos de Saravia Frías e Iguacel, y ahora en el propio procesamiento de Dietrich retomó el tema con una “aclaración final”: “Las defensas ‘llamativamente’ coinciden en los fundamentos de ambos planteos ya resueltos. En cuanto al vinculado con el contenido de mi renuncia y entrevistas por medios de comunicación, y si bien es un tópico por el cual ya me explayé ampliamente, es abiertamente improcedente”, dijo. Incluso destacó que habían podido declarar “desde los domicilios o despachos elegidos, lugar en el que este Tribunal mal podía controlar el cumplimiento de las normas que regulan el instituto. Pero, además, han tenido acceso por medios digitales a la totalidad de la causa”.
Martín Irurzun
Para la hora en que se conocían esas aclaraciones de Canicoba, la Cámara Federal ya había dado una respuesta en el asunto. El juez Martín Irurzun rechazó los pedidos de los ex funcionarios macristas y confirmó al juez al frente de la investigación hasta su retiro este miércoles.
“Cualquier consideración sobre la naturaleza política de los comentarios que realizó el magistrado al presentar su renuncia –y declarar públicamente sobre ello– es ajena a este ámbito judicial y a la discusión que debo definir –dijo Irurzun–. Aquí lo relevante pasa por determinar si en línea con la crítica que se esgrimió, de aquellas manifestaciones surgen extremos que lleven a sostener justificadamente animosidad contra los imputados o un temor de parcialidad sobre su actuación en este caso concreto… La respuesta es negativa”.
Irurzun también rechazó los cuestionamientos a Canicoba por la forma en que “se ha dirigido la instrucción” porque entendió que no existen indicadores claros de presunta parcialidad. Para ello, el camarista citó jurisprudencia similar en donde se les habían rechazado planteos de recusación solicitados por ex funcionarios kirchneristas como Oscar Parrilli y Héctor Timerman. “Esa permanente jurisprudencia aplica aquí”, afirmó el juez.
“Decir lo anterior no tiene ninguna implicancia sobre el análisis que pueda eventualmente realizarse en torno a la validez legal o corrección (o no) de las posturas que se han empleado ni de los pronunciamientos que en ese contexto se han dictado. Lo que significa es que el examen de esas cuestiones y de las condiciones que las rodearon corresponde a otras vías que, por cierto, la parte ha articulado”, aclaró. Se definirá, entonces, en el análisis de los procesamientos.
La llamada causa “Peajes” se inició el año pasado por una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Allí se investigan las presuntas maniobras fraudulentas entre Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires. “Las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente, que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron”, describió el juez Canicoba Corral cuando citó a indagatoria a los acusados.
Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda (REUTERS)
Los denunciantes señalaron que las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripoli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
Según la causa, Iguacel acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo, con fecha 18 de agosto de 2017, “así como todas las actas complementarias sobre modificaciones al mismo y la rúbrica del Informe Evolutivo del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Acceso Norte”. Por su parte, Saravia Frías confeccionó y rubricó los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos. El tema luego pasó por las manos de los ministerios de Transporte y Economía.
Hace dos semanas, el juez Canicoba Corral decidió llamar a indagatorias a Dietrich, Dujovne, Iguacel y Saravia Frías. También incluyó a Andrés Alfonso Barberis Martín, de la empresa Abertis, y a Ricardo José Stoddart, ex director de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos. Sobre estos dos últimos, las diligencias aún no se cumplieron.
Iguacel y Saravia Frías declararon hace diez días. Hace una semana, Canicoba Corral los procesó y avanzó con las citaciones, vía Zoom, de Dietrich el pasado viernes y de Dujovne hoy. Dietrich ya quedó procesado este lunes, aunque el juez hizo lugar a una serie de medidas de prueba que solicitó la defensa. Falta resolver la situación procesal de Dujovne. Canicoba se despide el miércoles de ser juez. Lo reemplazará interinamente el juez Julián Ercolini.