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El gobernador de Santa Fe Omar Perotti dijo que, tras el acuerdo con el FMI, quiere retomar las negociaciones con el gobierno nacional «con otro ritmo», en relación a la deuda por coparticipación. A mediados de marzo, el jefe de gabinete de la Nación, Juan Manzur, había hablado del «firme compromiso de seguir trabajando para encontrar una solución».
El gobernador de Santa Fe Omar Perotti volvió a referirse a la deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia en concepto de deducciones irregulares sobre la coparticipación. En una conferencia de prensa realizada este lunes en Casa de Gobierno, junto con el ministro de Economía Walter Agosto, el mandatario santafesino pidió acelerar el acuerdo. Al ser consultado sobre el estado de las negociaciones con la administración nacional, Perotti explicó que “siguen su curso” y añadió que “despejada la situación de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), planteamos con el Ministerio de Economía retomar con otro ritmo el esquema de negociación”.
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“Nuestra expectativa es que, acordada esa situación (con el FMI) y despejadas las dudas, lo que queremos es llegar a un entendimiento”, remarcó Perotti e hizo referencia al acuerdo logrado entre la provincia de San Luis y Nación: “Hay un antecedente. Es un acuerdo que fue presentado ante la Corte y aceptado. Ahí tenemos hoja de ruta de trabajo con el Ministerio de Economía que estamos siguiendo”.
Vale recordar que, a fines de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció, mediante un fallo, el monto y la modalidad de pago de la deuda que Nación mantiene con la provincia de Santa Fe por los fondos coparticipables. Se trata de un reclamo histórico que varios gobiernos encararon ante las autoridades nacionales. Según las primeras estimaciones, el monto actualizado asciende a 86.000 millones de pesos, aunque la provincia de Santa Fe reclamará una suma superior a los 100.000 millones.
La resolución de la Corte –firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, y Carlos Maqueda– destaca que las sentencias de fondo, de noviembre de 2015, «tuvieron el firme propósito de que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento», pero a su vez explica que «habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017, ese propósito no se ha alcanzado”.
Según fundamenta la Corte, eso coloca nuevamente al tribunal “en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia».
Son dos reclamos (por descuentos indebidos a favor de la AFIP y la ANSES) que, hasta la fecha, no fueron pagados. Por eso, el máximo tribunal se abocó a resolver el tema de la liquidación. Entre ambos pagos, se superan los $68.000 millones que deberá abonar el Estado nacional a la provincia. Y se añaden otros $18.000 millones por una causa homónima de 2009.
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Así, el gobierno nacional deberá acatar una sentencia del 2015, pero cuya ejecución se demoró. Se le deberán devolver a Santa Fe $54.023.114.304 por una causa y $14.036.708.553 por la otra. Y otros $18.000 millones por una queja idéntica radicada en la Corte en 2009.
“El máximo tribunal desestima el pedido del Estado demandado consistente en que se establezca una reducción prudencial de la cantidad resultante de la liquidación en función del “crecimiento proporcionalmente mayor en las prestaciones que la ANSeS tuvo a su cargo en la provincia durante todo el período”, expresa el fallo.
El reclamo tiene que ver con la retención del 15% de la coparticipación, entre 2006 y 2015, a favor del sistema previsional de la ANSES y otro 1,9% a favor de la AFIP. El acuerdo entre Nación y las provincias había vencido en diciembre de 2005 y Santa Fe no había renovado. Por eso, Santa Fe consideró que la detracción era “ilegítima”.
