Directivos de Vicentin zafaron de ir presos pero les impusieron una caución de 10 millones de dólares

La fiscalía había solicitado la prisión preventiva para Alberto Macua, el actual presidente del directorio Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze y Miguel Valazza. En el caso del ex presidente del directorio Daniel Buyatti, que se le coloque tobillera electrónica para que se radique en Reconquista o Avellaneda. Los seis pusieron sortear la detención, pero deberán presentar el seguro de caución de 10 millones de dólares. Una cifra poco usual por lo elevada, que dobla la ofrecida por la defensa.

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A momento de su veredicto el juez explicó: “No digo que no exista riesgo procesal, sino que no es de la magnitud suficiente como para aplicar la medida más grave que prevé nuestro Código Procesal que es la prisión de libertad”.

Por otra parte, hizo al pedido de la defensa en cuanto a la prescripción del delito de confección de balances falsos que imputó la fiscalía. Por lo tanto la investigación penal continúa bajo la figura de estafa. Para la fiscalía, la falsificación de balances fue el ardid que utilizó el directorio de Vicentin para cometer las estafas. El delito de confección de balances falsos tiene un plazo de prescripción de dos años, según se explicó en la audiencia. De todos modos, que no sea perseguible como delito en sí mismo no quiere decir que no seguirá estando en el centro del delito mayor que es el de estafa.

Los directivos de Vicentin fueron imputados por falsear balances y estafas en el marco del millonario default de la compañía cerealera.

Al momento de referirse a las pruebas presentadas por la fiscalía, el juez Lanzón dijo que la “imputación fue clara y contundente con respecto al delito” del que se los acusa.

Sostuvo que “existe apariencia de responsabilidad de maniobras delictivas” y que “las evidencias han sido más que suficientes y contundentes”.

Sobre la proporcionalidad del pedido de prisión el magistrado también la validó en función de las evidencias aportadas por fiscalía y querella, y dirigiéndose a los acusados dijo que “estamos hablando de un delito sumamente grave, desde el punto de vista económico y social, no luce irrazonable y aunque no hace falta llegar apenas de 50 años como se mencionó varias veces en esta audiencia, aunque sea mucho menos es posible que sean penas de cumplimiento efectivo”.

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Sin embargo, valoró que la fiscalía no demostró el riesgo de entorpecimiento probatorio que manda el Código Procesal Penal actual. Que las escuchas telefónicas y los correos electrónicos mostrados en la audiencia con maniobras tendientes a ese fin en el caso más cercano son de abril de 2021. La defensa consideró que la fiscalía ya tenía todas las evidencias que pretendía y que por lo tanto el riesgo de entorpecimiento probatorio no existía.

Con respecto al peligro de fuga, valoró que todos los miembros del directorio estuvieron presentes cada vez que se los requirió y evaluó que alcanzaba con el seguro de caución para seis y la prohibición de salir del país a todos.

Los directivos de Vicentin sortearon así el aspecto que más los preocupaba sobre las consecuencias del default en el que cayó la empresa en diciembre de 2019 dejando un pasivo que ronda los 1500 millones de dólares. No irán presos aún, ganaron tiempo, pero el mensaje de Lanzón debió dejarlos preocupados: cuando valoró las evidencias de la fiscalía como claras y contundentes.

La primera audiencia fue el martes, pero se pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves por pedido de la defensa.

La investigación continuará con mucho trabajo por delante. De los allanamientos realizados en las distintas sedes de las empresas y el material informático y documental se desprenden más de 36 millones de archivos, entre documentos, correos electrónicos, planillas de cálculos, copias de contratos, actas y desgrabación de escuchas. Sobre esto es de esperar que la defensa extienda los plazos planteando incidentes parciales sobre la legalidad de algunas de esas pruebas recogidas.

El fiscal Miguel Moreno, que lleva adelante la imputación junto con su par Sebastián Narvaja, adelantó que hay por lo menos 11 hechos de estafa por los que adelantó que en total estarían permitiendo pedir penas de hasta 66 años. También los querellantes transitaron ese mismo camino. La defensa, por su parte, rechazó por erróneos esos cálculos (discutieron sobre si se trataba de un delito en concurso real, ideal o continuado) y rechazó la posibilidad de penas de esa magnitud.

En la audiencia que se inició el martes y concluyó este jueves a la tarde tras siete horas, los 14 imputados fueron representados por los abogados Daniel Cuenca y Jorge Ilharrescondo. En tanto, además de la fiscalía, hay cuatro querellas que actúan en el juicio:

-Los abogados Alejandro Carrió y Guillermo Jorge en representación de las cinco entidades financieras internacionales que denunciaron a Vicentin por estafas, en una maniobra consistente en haber confeccionado y presentado ante los Bancos Internacionales informes trimestrales que llevaban la firma de varios de los directivos y certificados de “compliance” (cumplimiento) con información financiera que ocultaba el verdadero pasivo de la empresa: se trata de IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos). El daño patrimonial que acusan es de 500 millones de dólares verificados en el concurso preventivo.

-Los abogados Verónica Consentino y Gustavo Felman en representación del corredor de cereales Comoditties SA de la familia Grassi.

-Jorge Rodenas en representación de Banco Macro.

-Oscar Romera en representación de la firma Cuatro Hojas.