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La pequeña tiene un año y siete meses. Dicen que se llama Milagro Abril. Pero hasta ahora no figura en ningún registro oficial. Desde el lunes, un equipo especial de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba se está ocupando de ella.
Se trata de otro drama que sacude. Una historia surcada por una marginalidad y una precariedad que no deja de llamar la atención.
Fue el lunes al mediodía, pleno feriada, plena luz solar. Alguien llamó al 911 de la Policía para poner en palabras algo que en ese momento era muy complicado de procesar: en una calle de barrio Pueyrredón, a los gritos, una mujer ofrecía en venta a su hijita.
“Ingresa una llamada al 911 donde vecinos del barrio manifestaron su preocupación porque una mujer deambulaba por las calles del sector gritando que vendía a su hija por 500 pesos”, fue la transcripción que quedó asentada de manera oficial y que pronto se irradió por la frecuencia policial.
A los pocos minutos, un patrullero se acercó hasta el sector indicado y comprobó que todo era lamentablemente cierto.
De inmediato, los agentes tomaron a la pequeña, la alzaron, la abrazaron y se la llevaron de allí.
La mujer, de 37 años, vecina de Bajo Pueyrredón, fue identificada y demorada. A simple vista, constataron los policías, “se encontraba con halitosis alcohólica y bajo los efectos de alguna otra sustancia”.
Costó más tiempo lograr identificar al padre, quien no se encontraba con ellas en ese momento. Se trataba de un muchacho de 26 años cuyo domicilio formal figura en villa General Savio. Al rastrear esa vivienda, a simple vista se detecta que exuda precariedad.
Tanto la madre como el padre de la niña que ofrecían a la venta por 500 pesos tienen sus casas en sectores de la ciudad que hace tiempo fueron definidos por los especialistas en seguridad como zonas “rojas”: enclaves en los que la oferta de droga al menudeo se expandió de manera notable.
Desde que el lunes al mediodía la niña fue rescatada por la Policía, se le dio intervención inmediata a la Senaf y a la Justicia. Para los organismos públicos comenzó entonces una carrera contrarreloj en diferentes direcciones simultáneas.
1. La pequeña estaba en evidente estado de abandono por lo que fue necesario internarla, de manera preventiva, en el Hospital de Niños.
2. No se halló ningún dato que permitiera inferir que estuviera registrada.
3. No se logró establecer, en ese primer momento, si tenía hermanos o no.
4. Se comenzó a trabajar sobre los progenitores: qué hacen, qué accesos a las sustancias tóxicas tienen, cómo sobreviven.
5. Y, al mismo tiempo, se empezó a buscar si existen otros familiares que puedan contener a la niña.
Mientras tanto, la Justicia, en coordinación con la Senaf, ya dispuso que la pequeña fuera enviada a un hogar de la secretaría, ya que no están dadas las condiciones para que regrese a su casa.
La edad de los progenitores también llamó la atención. Lejos de ser padres jóvenes, generó alarma el deterioro con los que se los encontró: ¿desde cuándo viene semejante derrotero social?
Hay un dato que no escapa a semejante intemperie: la Policía fue la institución pública que primero llegó en toda esta historia.
“Por suerte, no llegaron a vender a la criatura a nadie”, terminó por contar hoy, como cruda síntesis, alguien que sigue bien de cerca toda esta historia.
