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El Presidente no pierde oportunidad para defender su iniciativa, pero no logró convencer a siete gobernadores con los que contaba para asegurar el tratamiento en comisión. Dilató el llamado a extraordinarias hasta el 15 de enero y se quedará en la costa bonaerense hasta el lunes
Envalentonado y con tono vehemente, Alberto Fernández aludió al conflicto con la Corte Suprema en todas sus alocuciones de la última semana, que empezó con el ruido que provocó el anuncio del domingo 1 de enero de que impulsaría el juicio político contra los cuatro miembros del máximo tribunal tras el fallo que favoreció a la Ciudad por la coparticipación. Sin embargo, en la Casa Rosada admiten por lo bajo que tienen serias dudas de que el proyecto pueda avanzar en el Congreso. Los números están muy ajustados, no sólo para obtener dictamen y llevar el debate al recinto, sino para, siquiera, empezar a tratar el proyecto en comisión. Hay temor de que el barco que lleva el documento naufrague antes de empezar a navegar.
El Gobierno decidió dilatar la convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras que los principales alfiles del massismo y el kirchnerismo empezaron a marcar distancia política. No creen que puedan tener quórum, no sólo para el juicio a la Corte, sino para otras iniciativas, que caerían en saco roto antes de empezar a negociarlas en un clima político enrarecido.
El problema principal, luego de que la oposición dejara entrever que ni siquiera se presentaría en comisión, es que el oficialismo depende de que todos los diputados propios que la integran -en total son 16- se sienten para iniciar las discusiones formalmente. Pero, a medida que se acercaba el final de la primera semana del año, el Gobierno perdía las esperanzas de convencer a los seis gobernadores propios y afines de Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Misiones, Salta, San Luis y Santa Fe. Mientras que Córdoba, si bien pertenece al PJ, está en las antípodas del albertismo y del cristinismo: en Balcarce 50 no se esperaba ni un tuit contra el máximo tribunal de parte de Juan Schiaretti.
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El proyecto está, desde el miércoles en manos de los presidentes de la comisión, Carolina Gaillard, y del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Pero si los legisladores de esas provincias actúan como los jefes de los Ejecutivos de sus tierras, el futuro inmediato de la iniciativa se vería negro.
En la Casa Rosada eran conscientes de antemano de las dificultades que conlleva impulsar un juicio político a los cuatro cortesanos por mal desempeño de sus funciones. Pero aún así, apostaban a reunir más apoyos de los que terminaron consiguiendo. En principio, cerca de la Navidad, hablaban de una mayoría de gobernadores en contra del fallo de la Corte que favoreció a la Ciudad. Y así fue: casi todos se plegaron a criticarlo, en la línea de la Nación. Pero esas posturas, en muchos casos, fueron puramente declamativos y no se cristalizaron en acciones legales concretas.
