El Gobierno recibirá a la CGT pero no acepta abrir el debate de paritarias o modificar la ley de emergencia alimentaria

INFOBAE

El Gobierno recibirá hoy a la cúpula de la CGT con la intención de escuchar sus reclamos, contener a los sectores trabajadores y establecer un canal de diálogo con los movimientos sociales aunque en el debate de fondo la Casa Rosada no modificará su postura original ante la crisis: es decir, no habilitará el debate para dar con una ley de emergencia económica y mucho menos ofrecer apertura de paritarias en estos momentos de incertidumbre económica.

“Se tratará de una reunión para reforzar el diálogo como lo hicimos con la Iglesia, los empresarios y los referentes económicos de la oposición. No más que eso”, expresó a Infobae un funcionario allegado a la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, quien junto con su par de Producción Dante Sica recibirá a la cúpula de la CGT liderada por Carlos Acuña y Héctor Daer.

El encuentro de la central obrera con el Gobierno llega en un momento especial ya que la CGT emitió la semana pasada una carta pública en la que exigió al presidente Mauricio Macri la “urgente” declaración de emergencia alimentaria ante “la grave situación social por la que atraviesan los ciudadanos, sumergidos en la pobreza e indigencia”.

En medio del acampe de los piqueteros en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo por una actualización de la ley de emergencia alimentaria la CGT añadió en su misiva al Presidente: “es obligación primaria, indelegable y constitutiva del Estado garantizar la alimentación y nutrición adecuadas de la población. La crisis económica que estalló en las últimas semanas no hizo más que agudizar la grave situación social”, aseguraron Daer y Acuña en la carta que llevó sus firmas.

Desde el Gobierno ayer dijeron a Infobae que están dispuestos a escuchar los reclamos de la central obrera pero adelantaron que no avalarán la idea de modificar la actual ley de emergencia alimentaria y menos aún aceptar una apertura del debate de paritarias por aumentos salariales como deslizó algún referente gremial de la CGT.

“Si el Congreso decide reformar la ley de emergencia alimentaria no vamos a oponernos. Pero desde el Gobierno no haremos nada de eso porque entendemos que estamos actuando ante la crisis”, dijeron allegados a Stanley. Es decir, que la Casa Rosada mantendrá la misma postura que la semana pasada ante el acampe piquetero: no aceptará “extorsiones ni aprietes” para sacar una ley que considera que hoy está en vigencia y actualizada.

En esta misma línea, allegados al ministro Sica dijeron que no hay posibilidades en este contexto de incertidumbre económica habilitar la apertura a paritarias.

De esta manera, desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon que la semana pasada se aumentó el 50% el monto de las raciones de comedores y merenderos, aumentaron cantidad de compra de comida, se hizo un acuerdo para sacarle el IVA a productos escenciales, se le dio el bono de 1000 pesos para todos los chicos que tienen Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentaron las jubiliaciones y planes con la actualización del salario mínimo vital y movil.

En el Gobierno creen que no se puede hacer mucho más que eso. Eventualmente se analiza una nueva reasignación de partidas para responder a los nuevos reclamos de la CGT y de los movimientos sociales. Pero esto, aclararon fuentes confiables de la Casa Rosada, se podría dar por medio de una resolución de la Jefatura de Gabinete que reasigne unos 3.000 millones de pesos para reforzar aun más la ayuda social y evitar todo un debate engorroso en el Congreso. Aunque no está definida aún esta decisión y ello dependerá de los debates que haya con otros actores sociales.

Por lo pronto, tanto Stanley como Sica le plantearán a la cúpula de la CGT que hoy la emergencia alimentaria está vigente y que más allá de cualquier declaración de emergencia, “las políticas de seguridad alimentaria y según lo dice la ley, le corresponde responsabilidad y ejecución al gobierno nacional y las provincias”.

En ese sentido, los allegados a Stanley creen que “las partidas presupuestarias siempre estuvieron a disposición para reforzar la asistencia alimentaria. Y van a seguir estando como hasta ahora”.

Así, detallaron que el Programa Alimentario incluye convenios con cada una de las provincias, se brinda un complemento al otorgamiento de prestaciones alimentarias por parte de las provincias, cada una establece el alcance y tipo de cobertura. Y se refuerzan prestaciones alimentarias de comedores escolares de las escuelas más vulnerables de cada una de las provincias.

En relación a las “acciones de nutrición”, el Ministerio de Desarrollo Social entiende que la idea es preservar y mejorar el correcto estado de nutrición de madres, niñas y niños, por medio del control apropiado del estado nutricional, crecimiento y desarrollo, con especial énfasis en la captación y rehabilitación nutricional de la población mal nutrida, a través del otorgamiento de leche fortificada.

En tanto, se buscó el fortalecimiento del trabajo de comedores comunitarios, clubes, organizaciones de base, barriales, religiosas, merenderos, parroquias mediante transferencias condicionadas para brindar desayuno, almuerzo, meriendas, meriendas reforzadas y cenas según las características de cada organización pudiendo ser una o varias prestaciones o entrega de módulos alimentarios.

Stanley dio instrucciones en los últimos días a su equipo para reforzar la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia y compras abreviadas; aumentará un 43% el valor de las raciones de comedores comunitarios y merenderos. Este aumento se suma al acumulado anual del 45,5% en el valor de la ración durante el 2018. Y se implementó el IVA 0% establecido para los principales productos que consumen las familias argentinas. También detallaron que al programa de precios cuidados se le incorporaron alimentos como galletas de arroz, café, pan integral, además de ofrecer 149 alimentos aptos para celíacos.

El Gobierno detallará ante la CGT que hizo un refuerzo para beneficiarios de la AUH de $1.000 por niño/a en septiembre y $1.000 en octubre, el cual alcanza a 2,2 millones de padres y madres con hijos cubiertos por la asignación universal y 4 millones de niños y niñas. El impacto fiscal de esta medida es de 8.000 millones de pesos.

Por otra parte, Stanley ya adelantó a la cúpula de la CGT que con la oficialización del aumento escalonado del salario mínimo para agosto, septiembre y octubre la remuneración para los mensualizados ascenderá a $15.625 y la hora para los jornalizados lo hará a $78,12, a la vez que a partir del 1° de octubre, los ingresos subirán a $16.875 y $84,37, respectivamente.