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El juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por administración fraudulenta debido al desvío de fondos del programa estatal Potenciar Trabajo para fines partidarios. Además del procesamiento, se dictó un embargo de $390 millones.
Otros involucrados en la acusación incluyen a Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia y varios más, quienes enfrentan cargos por defraudación y amenazas coactivas.
Según el fallo, se descubrió que los responsables del Polo Obrero desviaron fondos del programa Potenciar Trabajo, destinados a mejorar la empleabilidad e inclusión social, para financiar actividades político-partidarias.
Esto se hizo mediante la retención indebida de parte del dinero recibido por los beneficiarios y el uso de facturación falsa para justificar gastos inexistentes.
La causa se inició tras denuncias anónimas al número 134 del Ministerio de Seguridad, lo que llevó a una investigación centrada en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el proceso judicial, los apuntados negaron las acusaciones y alegaron persecución política. Sin embargo, la evidencia, incluidas conversaciones en chats grupales y documentos secuestrados, respaldó las acusaciones de desvío de fondos y coacción a los beneficiarios del programa social.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó ampliar la investigación, incluyendo a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, por su presunto papel en una “matriz de corrupción”.
El juez Casanello concluyó que los fondos destinados a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo fueron utilizados indebidamente para promover actividades político-partidarias del Polo Obrero.
También se identificó un abuso de poder hacia los beneficiarios, quienes fueron obligados a cumplir con ciertas exigencias bajo amenaza de perder la ayuda estatal.
