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El juez elevará la causa esta semana. Acusa a la ex presidenta de ser la jefe de una asociaición ilícita que cobraba coimas. También irán a juicio De Vido, Baratta, José López y el e chofer Oscar Centeno. Es el expediente emblema de la corrupción K
A pocos días de oficializarse el reinicio de la campaña electoral de cara a octubre, Cristina Kirchner que busca convertirse en la próxima vicepresidenta de la Nación, será enviada a juicio oral acusada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales”, es decir, coimas. Desde el jueves pasado, el juez Claudio Bonadio se encuentra en condiciones de dar por clausurada la instrucción de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas y enviarla a juicio oral. La investigación que cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores, será elevada a juicio esta semana.
Bonadio ultima los detalles de la resolución con la que dará por concluida la investigación del expediente principal de los Cuadernos de las Coimas, en el que se procesó a Cristina Kirchner, a los ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación y a un centenar de empresarios contratistas del Estado.
Una vez que la causa sea elevada a juicio oral, se sorteará el Tribunal Oral que juzgará a la ex presidenta. Será ese mismo tribunal el que termine definiendo la fecha de inicio del juicio, pero nada indica que sea inmediato. Más allá de la saturación del sistema judicial, un posible nuevo clima político podría demorar el arranque del juicio.
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El expediente que será elevado a juicio oral es considerado la “causa madre”, ya que hubo seis desprendimientos más. La semana pasada, el magistrado dio por corroborados los dichos de los 31 arrepentidos en un informe que difundió. “Habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas”, afirmó Bonadio.
El ex chofer Oscar Centeno también irá a juicio.
Fue la instancia previa para el paso que concretará esta semana: dar por clausurada la investigación y mandar a juicio a Cristina Kirchner, a Roberto Baratta, Julio De Vido, José López, entre otros ex funcionarios junto a un extenso listado de empresarios. Además, enviará parcialmente a juicio el tramo del pago de sobornos en los subsidios a los trenes y la parte por lavado de dinero que involucra al entorno de Daniel Muñoz, pero sólo la ruta de fondos en el exterior.
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En diciembre de 2018 la Sala I de la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones contra la ex presidenta por dirigir una asociación ilícita, por el delito de dádivas en carácter de coautora y de cohecho pasivo (cobrar coimas). Para el fiscal Carlos Stornelli Cristina es responsable, además, de 40 hechos de cohecho.
La acusación que la enviará a juicio sostiene una aclaración realizada por Bonadio en el primer procesamiento: el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora.
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En consecuencia, se determinó que la ex mandataria “tenía conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”. En esta parte que será enviada a juicio oral, se sostiene que existió una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal”, los distintos funcionarios intervinientes “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.
La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, “para procurar la afluencia de dinero”. Se celebraban los contratos distribuidos en rubros de la construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte. Según la acusación, los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones “estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos” y la finalidad de todo fue “enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos”.
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Julio De Vido, Roberto Baratta y José López se encuentran procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, todos ellos con prisión preventiva. Será también el ex chofer Oscar Centeno quien irá a juicio oral acusado como miembro de la organización delictiva. Tiene otorgada la libertad por ser el primer “arrepentido” en el expediente y es parte del programa de imputados protegidos.
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En tanto los empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio y Juan Chediack, entre otros, irán a juicio sólo acusados de cohecho.
En el caso de Wagner y del financista Ernesto Clarens afrontarán la instancia oral bajo la de organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra
