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El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fue imputado como jefe de una asociación ilícita, conformada “de manera estable y permanente” con el objeto de “cometer diversos delitos” contra el Esatdo, particulares y organizaciones; fundamentalmete a partir de la recopilación de información sobre ellas sin orden judicial, y su utilización con fines indebidos. La imputación también contiene la violación de la ley nacional 25520, de espionaje.
Por los mismos delitos, y una serie de hechos contenidos en ellos o conexos, fueron o iban a ser imputados distintos ex colaboradores, como Nadia Schujman y Débora Cotichini como organizadoras, y Esteban Germán Montenegro, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez, Milagros Bernard y Agustina Moulins como miembros.
En un extenso escrito, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg desgranan una serie de actos y un monumental listado de personalidades, organizaciones y empresas, sobre las que se recolectó datos de bases públicas y privadas, pero en todos casos sin autorización judicial para hacerlo. Y también se reproduce el contenido de diversos audios incorporados a la causa, en los cuales los mismos acusados se refieren al uso de esa información, que la fiscalía encuadra en actos ilegales.
Particularmente, los fiscales imputan a los acusados por diversas figuras penales, derivadas de actos que concentraron en ocho hechos. De resulta de los cuales, Marcelo Sain es imputado como jefe de la asociación ilícita, abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a la ley, violación de secretos, encubrimiento calificado, malversación de caudales públicos. Y los demás imputados por algunos de esos mismos conceptos, en grados variables.
Esto fue en la jornada de este martes, durante dos grandes audiencias que agruparon a los presuntos imputados en función de su abogado defensor. Así, desde las 9.30 comparecieron los tres clientes del Dr. Hernán Martínez: el propio Sain; Montenegro; y Moulins. Los tres, al igual que el letrado, participaron de manera virtual.
Al mediodía iba a comenzar la segunda gran audiencia para el segundo grupo de presuntos imputados, cuya defensa está a cargo del ex ministro de Justicia durante la gestión de Antonio Bonfatti, Juan Lewis. Se trata de Cotichini, Rodríguez, Schujman, Alvarez y Bernard, que sí concurrieron de manera presencial. A esa misma hora, organismos de derechos humanos se concentraron frente a la fiscalía para respaldar a Shujman, abogada de HIJOS; consideran que en su caso, la investigación se trata de una persecución política.
Las audiencias se realizaron sin presencia de un juez y en las oficinas de la Fiscalía de Delitos Complejos. Esto debido a que todos los imputados transitan el proceso en libertad.
El acto procesal se realizó un año después de los primeros allanamientos en la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario, cuando la cartera estaba a cargo de Sain. La justificación de parte de los fiscales para fundamental la dilación estuvo siempre asociada a la necesidad de contar con tiempo suficiente para procesar y analizar las abultadísimas pruebas y evidencias.
La investigación en torno de Sain tiene que ver con la recopilación indebida de información y con métodos inapropiados, sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios y periodistas de la provincia.
