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El proceso que pondrá en la mira el futuro de Julieta Makintach, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro, comenzó a tomar forma tras el pedido formal de juicio político por parte de Julio Conte Grand, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. La magistrada es objeto de controversia debido a su participación en el documental «Justicia Divina», que relató el juicio por la muerte de Diego Maradona, a pesar de que tenía voz y voto en el tribunal. Su presencia en el film, que muchos consideraron un conflicto de intereses, suscitó sospechas sobre su imparcialidad durante el proceso.
El hecho de que Makintach estuviera involucrada en el proyecto audiovisual mientras se desempeñaba como jueza en el caso Maradona llevó a que se decretara la nulidad del juicio. Este escándalo desató una ola de pedidos de juicio político, y finalmente, Conte Grand presentó una denuncia formal ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, acelerando el proceso.
El jurado que decidirá su futuro
Este miércoles, se llevó a cabo el sorteo para conformar el jurado que tendrá la responsabilidad de evaluar la conducta de la jueza. Ocho abogados fueron seleccionados, con cinco titulares y tres suplentes. Los titulares son: Álvaro García Orsi (La Plata), Pablo Agustín Grillo Ciocchini (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora). Los suplentes serán Alberto Biglieri (Lomas de Zamora), Lisandro Benito (Junín) y Guillermo Andrés Marcos (Bahía Blanca).
El jurado tiene la capacidad de tomar decisiones importantes, como apartar preventivamente a la jueza, suspenderla de su cargo durante el juicio o incluso destituirla si se encuentra responsable de faltas graves.
El juicio político en el sistema judicial argentino
El juicio político es un proceso regulado por las constituciones nacional y provincial, que tiene como objetivo evaluar la idoneidad de los jueces y funcionarios judiciales. En este caso, el foco está en determinar si la jueza Makintach actuó en contravención a las conductas requeridas por la Constitución Provincial, y si debe continuar en su puesto. El juicio político no se enfoca en decidir si se cometieron delitos penales, sino en evaluar si la conducta del funcionario es adecuada para seguir en su cargo.
Este procedimiento tiene una naturaleza política y busca garantizar que los miembros del poder judicial mantengan altos estándares éticos y profesionales. El futuro de Julieta Makintach dependerá de la decisión del jurado, que analizará las pruebas presentadas y la gravedad de las acusaciones en su contra.
