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La consulta popular de carácter no vinculante para que los santafesinos expresen voluntariamente si están a favor o en contra de la reforma constitucional, que se realizará el 16 junio próximo junto a las elecciones generales en la provincia, profundizó ayer diferencias con radicales que integran el Frente Progresista (FPCyS) y, al mismo tiempo, abrió un abanico de objeciones en la oposición.
“Ningún dirigente cuestiona la necesidad de reformar la Constitución provincial, pero para este procedimiento (consulta popular) no hablaron con los partidos políticos y creo que es inconducente”, aseguró a La Capital el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) santafesina, Julián Galdeano.
En esa línea de razonamiento, el diputado provincial advirtió que la consulta popular impulsada por el gobernador Miguel Lifschitz (ver aparte) “apunta más a satisfacer un capricho, o a una puesta en escena, que a algo serio”.
A título personal, Galdeano agregó sobre la convocatoria oficial: “No comparto que se destinen recursos públicos a un tema que no fue conversado previamente. Tampoco consensuaron su alcance y objetivos”.
Si bien el radicalismo provincial viene pendulando en los últimos años entre una sociedad local con el socialismo, en el marco del FPCyS, y otra nacional con el PRO —Cambiemos—, el pronunciamiento de Galdeano (referente del sector interno denominado MAR) respecto de la consulta popular también abre interrogantes de cara a un año electoral clave.
De puño y letra
Lifschitz y todo su gabinete habían firmado el miércoles pasado el decreto de convocatoria a la consulta popular por la reforma constitucional. En el texto, el jefe de la Casa Gris también dispuso que las enmiendas a la Carta Magna tengan lugar durante el período de gobierno previsto entre el año próximo y 2023.
Al respecto, el titular del PRO santafesino, Federico Angelini, afirmó a este diario: “La consulta popular no fue consensuada. Tampoco creo que sea un tema de agenda de los santafesinos. Incluso, están disponiendo de dinero público para algo que no es vinculante”.
“Todavía hay muchas necesidades por resolver. De hecho, hoy los santafesinos queremos vivir sin balaceras, más allá de no ser el distrito más violento de la Argentina”, prosiguió el diputado provincial, en clave crítica.
Fue entonces cuando el legislador macrista aseveró: “No hay ningún rosarino que me pare por la calle preocupado porque se haga una consulta popular por la reforma de la Constitución. Creo que el gobernador está equivocado con lo que propone”.
Lo cierto es que Lifschitz, ya en su último año de gestión, tomó como propia la iniciativa del senador nacional peronista Omar Perotti de convocar a una consulta popular para la reforma de la Carta Magna. Sin embargo, en el PJ provincial objetaron sus tiempos.
“Hacer una convocatoria a una consulta popular no vinculante por un tema sobre el cual todos los legisladores ya nos expresamos, es sondear lo obvio. Es incomprensible. Además, en este fin de año tendríamos que haber votado constituyentes”, advirtió el diputado provincial Luis Rubeo.
El legislador también recordó que, “de hecho, están en tratamiento los mensajes (reformistas) del propio gobernador saliente, que en lugar de tanto circo debería instruir a los diputados oficialistas para que saquen el despacho” del proyecto.
Paralelamente, el diputado provincial Leandro Busatto (secretario general del PJ santafesino) rememoró que “una de las propuestas más importantes que el Ejecutivo llevó a discutir a la Legislatura fue la reforma, que tenía como objetivo central la reelección de Lifschitz”.
“En dos años no nos convocaron a ninguna reunión y trataron de sacarla (a la reforma constitucional) sobre tablas”, reprochó el legislador a través de su cuenta de Twitter.
El decreto rubricado por Lifschitz establece que el electorado “deberá responder por la afirmativa o la negativa sobre la necesidad de reformar la Constitución provincial, opción que se hará efectiva mediante el agregado de una nueva boleta única separada que contenga, de forma clara, dicha alternativa”.
Si bien en Gobernación se había barajado la posibilidad de encarar la reforma en 2020, la convocatoria oficializada el miércoles terminó fijándola para el período 2019/2023.
