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El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, continuará en prisión, luego de la condena que recibió por delitos de corrupción, incluyendo peculado y enriquecimiento ilícito. Así lo decidió la jueza de garantías del Poder Judicial entrerriano, Carola Bacaluzzo, luego de evaluar un habeas corpus presentado por la defensa del dirigente.
La jueza determinó este miércoles 20 de noviembre, que el recurso era improcedente. “El habeas corpus no autoriza a sustituir una decisión de los jueces naturales”, argumentó.
Luego dijo que la defensa del ex gobernador tiene otras vías para discutir el fallo condenatorio. “Pueden recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Se puede instar a que los pasos procesales sean expeditivos. Un procedimiento abreviado”, sostuvo.
La sentencia contra Urribarri también incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó su detención este martes, luego de que la condena sea confirmada en distintas instancias. Por ese motivo, el ex gobernador fue alojado en Unidad Penal N°1 de Paraná.
Inmediatamente, el abogado defensor de Urribarri, Leopoldo Cappa, solicitó la liberación de su representado a través de la presentación de un recurso de habeas corpus.
“Entiendo que esta urgencia y motivación de las defensas en orden a resguardar el derecho a la libertad, podrá ser canalizado por las vías ordinarias. Considero que no existe un ataque ilegal que torne procedente la acción de habeas corpus. El habeas corpus incoado debe ser rechazado”, concluyó la jueza de garantías al expedirse sobre el planteo, durante la audiencia realizada esta tarde.
La decisión de la Cámara de Casación se conoció a través de un extenso documento de 74 páginas, en el cual se revocó un fallo anterior que había impuesto medidas restrictivas menos severas. Urribarri fue detenido en su residencia en Concordia y trasladado a un establecimiento del servicio penitenciario de Paraná. Junto a él, también fue detenido su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien enfrentará la misma pena.
El fallo de Casación se basó en los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo de fuga de los condenados, considerando que en libertad podrían frustrar los fines del proceso judicial. La vocal Marcela Davite, junto con las juezas Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, destacó la importancia de proteger el proceso penal en casos de corrupción, en línea con los tratados internacionales suscritos por Argentina.
El abogado defensor de Urribarri, Leopoldo Cappa, anunció que apelarán la decisión, aunque había anticipado que este recurso no suspenderá la detención de su cliente ni la de Aguilera. Según el fallo, las defensas habrían utilizado maniobras dilatorias para retrasar la decisión judicial, lo que incrementó el riesgo de frustración del proceso penal.
