La oposición tiene todo listo para frenar los tarifazos en el Senado

La prioridad la tendrá el dictamen al que suscribieron el bloque Justicialista y el Frente para la Victoria, que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017 y establece que los aumentos para usuarios residenciales no deben superar el índice de variación salarial.

Para las pymes, en tanto, la suba no debería ser superior al índice de variación de precios mayoristas, según indica el trazo grueso del proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que el Senado podría convertir en ley.

El dictamen que impulsó Cambiemos en minoría no retrotrae las tarifas pero establece una reducción del IVA que será de la mitad para usuarios residenciales, al pasar de tributar el 21 por ciento al 10,5 por ciento, mientras que para las pymes, que pagan el 27 por ciento, la alícuota bajaría a 21 por ciento.

El oficialismo recogió así parte de la propuesta que le acercó el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al presidente Mauricio Macri durante el encuentro que mantuvieron el lunes.

A la reunión de las comisiones del Senado asistieron representantes de Cammesa, el Enre, el Enargas y Adigas, que alertaron sobre el impacto fiscal y en los servicios de electricidad y gas que tendría el proyecto opositor en caso de ser convertido en ley.

Ausentes

Los grandes ausentes fueron los gobernadores, a los que el oficialismo trató de convencer de asistir pero faltaron, aunque el pampeano Carlos Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saá enviaron por nota su respaldo al proyecto de la oposición.

El presidente del Enre, Andrés Chambouleyron, aseguró en el Senado que “este proyecto de ley haría más grande la diferencia entre las tarifas que se pagan en las provincias y las que se pagan acá” en la ciudad de Buenos Aires.

Chambouleyron explicó que si se aplica el proyecto para limitar la suba de tarifas que impulsa el peronismo “los ciudadanos de la Capital Federal van a pagar un peso el kw y en Córdoba 4 pesos”.

Además, sostuvo que “la inversión programada para este año son 44 mil millones de pesos que Edenor y Edesur se comprometieron a realizar y el proyecto tendría una reducción de 14 mil millones en esa inversión”.

Por su parte, el coordinador de Finanzas de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Juan Carlos Trotta, dio un detalle de la deuda que mantienen las provincias con esa empresa de distribución, que según dijo tiene “cobranza del 85 por ciento”.

Según precisó, las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca y Santa Cruz tienen deudas con Cammesa que oscilan entre el 29 y 98 por ciento.

En el marco del debate, Trotta sostuvo que “Cammesa sufre el aumento del dólar, no lo traslada inmediatamente” a los costos de generación y transporte, y agregó: “Estamos asumiendo el aumento del dólar y el costo de los combustibles”.

Además, advirtió: “Todo lo que no recauda Cammesa de la distribución, automáticamente va a salir de aportes del Tesoro, porque tenemos que pagar lo que se importa”.

En tanto, la representante de la Asociación Distribuidora de Gas (Adigas), María Tettamanti, sostuvo que para determinar si la gente puede pagar o no las facturas “hay que remitirse a las estadísticas” y que, según datos del Ministerio de Trabajo, para un usuario de categoría R1, “en 2003, con el salario mínimo, el costo de gas era el 3,78 por ciento del ingreso anual y hoy es 1,58 por ciento”.

Al explicar el impacto de los aumentos actuales, la representante de Adigas señaló que “lo que pasa es que en 2015 era del 0,50 por ciento” del ingreso anual de un usuario de esa categoría y con salario mínimo.