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El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia autorizó a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) a incrementar la tarifa en un 32%. Según explicaron desde el gobierno, la suba responde a un incremento pospuesto desde 2018.
Desde el próximo mes de enero, la empresa Aguas Santafesinas S.A (ASSA) está autorizada a realizar incrementos en sus tarifas del 32%.
Dicho permiso fue oficializado mediante la Resolución N° 806, firmada este lunes por la ministra de Infraestructura, Servicios Público y Hábitat de la provincia, Silvina Frana.
Según explicaron desde el gobierno, este aumento forma parte de un incremento pospuesto desde el 2018, cuando se había autorizado una suba de alrededor del 60%, en dos partes.
La Resolución declara “procedente” la segunda etapa del proceso de revisión tarifaria requerida por el prestador Aguas Santafesinas S.A. en el marco de lo dispuesto en la Resolución N 955/18 de dicha cartera.
Además, aprueba la modificación de los precios y valores tarifarios, aplicando un ajuste del factor denominado “Kº de la tarifa vigente del 32% para ser aplicado en la facturación del bimestre 01/2021, lo que se traduce en un valor de $58,05.
La medida mantiene el sistema de subsidios establecidos a través de la Resolución N° 345/10 del Enress pero advierte que queda sujeta a “consideraciones futuras sobre la ecuación económica del servicio público de agua y saneamiento que pudieran justificar la habilitación de un nuevo proceso destinado a promover ajustes tarifarios con la observancia de los recaudos previstos en el marco regulatorio de dicho servicio”.
En sus fundamentos, la Resolución informa que Aguas Santafesinas SA, mediante Nota N° 650 presentó una propuesta de revisión de los valores tarifarios y recuerda, además, que por Resolución 955 del año 2018 se estableció procedente la revisión tarifaria y se aprobó la modificación de los precios y valores tarifarios aplicándose un ajuste del 28% para ser aplicado en la facturación del bimestre 01/2019 y fijando el valor en $ 43,98.
Es en ese sentido que la empresa concesionaria solicitó la aprobación de los ajustes pendientes sobre el sector tarifario.
La Resolución firmada por la ministra Frana sostiene que “se pone de manifiesto una relación entre aportes del Estado provincial y tarifa, que lejos de alcanzar el objetivo previsto de reducción gradual de la brecha existente entre ingresos genuinos y costos del servicio, retrocedió a los niveles anteriores al año 2017”.
“Con el nivel de recaudación real y sin un incremento adicional en la tarifa para el año 2019 el déficit operativo se incrementó hasta alcanzar una necesidad de aportes del Tesoro Provincial cercana a los $ 959.000,00, alejándose del objetivo verificado en estas actuaciones”, advierte la norma y resalta que “en lo que va del período 2020 la necesidad de fondos que con fuentes del Tesoro Provincial se le asignan a la prestadora para contribuir en sus costos y mantener el servicio público en condiciones de calidad, continuidad, generalidad y regularidad, se agudizó, generándose un déficit mayor que el acreditado oportunamente y que la administración ha debido absorber en parte habida cuenta de la situación derivada de la Emergencia Sanitaria COVID-19”.
Notas de la Defensoría del Pueblo al Enress y la ministra Frana
El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto envió a principios del mes de diciembre dos cartas- una al Ente Regulador de Servicios Sanitarios y otra a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana- en las que manifiesta la preocupación generada por la noticia que daban cuenta de un pedido de aumento de la empresa Aguas Santafesinas S.A. en la tarifa de ese servicio público esencial.
Desde la Defensoría del Pueblo manifestaron algunas consideraciones que, según su postura, se deberían tener en cuenta al momento de analizar el pedido cursado por la empresa provincial.
“La Corte Suprema de Justicia en el fallo conocido como “CEPIS” impuso la obligatoriedad de las audiencias públicas en forma previa a todo aumento tarifario. El máximo Tribunal consagró que las audiencias públicas deben: a) ser previa a cualquier modificación tarifaria; b) proporcionar a los usuarios información adecuada, veraz e imparcial; c) permitir la deliberación de todos los sectores interesados y d) que la autoridad considere las opiniones y argumentaciones vertidas en la audiencia al momento de la resolución final”, señalan las misivas y agregan que “incluso antes del citado fallo de la Corte Suprema, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios provincial ha expresado que es criterio de ese organismo convocar a audiencias públicas a fin de que los usuarios y sus organizaciones puedan ejercer el derecho a la información y a la vez hacer conocer su opinión sobre la petición de ajuste tarifario”.
Más adelante, las cartas destacan que “la Defensoría del Pueblo ha participado en todas las audiencias públicas convocadas para poner en consideración aumentos tarifarios de los servicios públicos esenciales, y estamos convencidos que es un mecanismo de participación ciudadana consagrado constitucionalmente que no debe soslayarse en el tratamiento y consideración de las solicitudes de modificaciones tarifarias en los servicios esenciales”.
En el último plenario anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina del mes de noviembre uno de los temas relevantes que se abordó fue el de los servicios públicos esenciales donde los distintos defensores expresaron de la necesidad de concurrir a las audiencias públicas que se deben convocar y defender los derechos de los usuarios, especialmente, de aquellos más vulnerables, requiriéndose un incremento en las tarifas sociales existentes en la actualidad.
Además, desde la Defensoría del Pueblo manifestaron su preocupación por un pedido de aumento del 30% que habría quedado pendiente del año 2019. “Esta circunstancia genera una doble preocupación, la primera relativa a considerar los términos de la audiencia pública convocada a fines del 2018 para aplicar un aumento dos años después, circunstancia que no resultaría procedente según lo argumentado precedentemente” y agrega que “la segunda cuestión es atinente a la omisión que se estaría haciendo del contexto actual de emergencia sanitaria y económica, donde gran parte de la sociedad no se encuentra en situación de afrontar aumentos en un servicio público tan esencial como lo es el acceso al agua”.
Tarifa Social
La Defensoría insisten con la “necesidad imperiosa” de contar con una Tarifa Social que reemplace a los denominados casos sociales propios del régimen concesionado, consistente en garantizar de manera efectiva la accesibilidad y asequibilidad al servicio público de agua y saneamiento de los sectores más vulnerables.
Por último, reiteran el pedido de convocar a una audiencia pública. “Solicitamos que se proceda a convocar a audiencia pública siendo que toda propuesta de actualización de tarifas no puede soslayar el contexto actual de emergencia sanitaria y económica”.
