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CASTELLANOS
Se trata del Programa de “Pavimento Urbano y Obras Complementarias” que había impulsado el ex gobernador Miguel Lifschitz. Hay obras que se están ejecutando y otras finalizadas. Alrededor de 100 municipios y comunas (entre ellas Rafaela) ya habían firmado el convenio correspondiente. Las que quedaron afuera… quedaron afuera: recortar la posibilidad de ingresar a otros gobiernos locales, supone, al menos, una inequidad.
En las últimas horas el Gobierno de Santa Fe publicó el decreto 0958/20 del 14 de septiembre donde en su Artículo 1ro establece dejar sin efecto “el Programa de Pavimento Urbano y Obras Complementarias creado por Decreto Nro. 3085/18” durante el gobierno de Miguel Lifschitz.
Hay quienes afirman que, con esta decisión tomada días atrás, se corre el riesgo de que se pueda “direccionar” cuáles serían las localidades a pavimentar. Esta sí, esta no… sin tener claro los criterios de selección…
Ahora bien, ¿de qué se trataba el programa derogado?
Por empezar, hay que decir que las obras de pavimentación son una de las necesidades prioritarias para los gobiernos locales. En un primer momento, las obras se iban a realizar con fondos provenientes de dos fuentes. La primera, a través de un préstamo internacional (u$s 300 millones del BID).
La autorización de Legislatura demoró varios meses y cuando finalmente el Senado lo aprobó, el país había dejado de ser sujeto de crédito internacional: esto implicaba tasas muy elevadas. Corría abril de 2018. Por lo tanto, el Ejecutivo Provincial de entonces decidió no tomarlo porque era inviable.
La otra fuente: adelantar (apoyo financiero) a los municipios y comunas lo que les correspondía -se aplicaba el coeficiente de coparticipación a valores históricos- por el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la deuda del Gobierno Nacional con los santafesinos. Municipios y Comunas devolvían el monto cuando Nación cumplía con la deuda por la detracción indebida llevada a cabo por varios años del gobierno kirchnerista del 13% de la coparticipación. Esta situación -recordamos nuevamente- fue avalada por la misma CSJ. Este modo fue, en definitiva, con el que se concretó el programa.
Entre paréntesis: algunos afirman que esa deuda actualizada llega a $150 mil millones. Hasta hoy, desde el Gobierno de Omar Perotti, nunca se reclamó por la misma.
El decreto de Perotti establece que se autoriza al “PRO.MU .DI a continuar con los desembolsos de las obras que se encuentran en ejecución y las que finalizadas, aún se encuentran pendientes de pago del Programa de Pavimento Urbano y Obras Complementarias”. Al menos continuarán las que ya empezaron o terminaron -y queda pendiente de pago-
Recortar la posibilidad de ingresar a otros municipios y comunas que no lo habían hecho, supone al menos inequidad: algunos llegaron a aprovecharlo y otros no.
En el presupuesto 2020 que aprobó la Legislatura, se preveían alrededor de $2100 millones para darle continuidad al Programa. Ahora, el decreto 0958/20 devuelve de alguna manera al tesoro $ 1.545 millones. Quedaron $ 555 millones. El año pasado -inflación mediante- la Provincia dispuso para el programa $800 millones.
En fin, una decisión al menos que crea cierta inequidad entre los mismos gobiernos locales. Y que abre la puerta a algunas suspicacias como decíamos anteriormente: ¿cuáles serán los criterios a tomar para avanzar en obras de pavimentación de ahora en más? ¿o no se pavimentará una cuadra más con apoyo de la Provincia hasta 2023? Se habla de falta de recursos: ¿por qué no se reclama a Nación la deuda que tiene con la Provincia? Se habla de 30 mil millones de pesos en plazo fijo. La Legislatura autorizó 57 mil millones de pesos en financiamiento. Solo se solicitaron 15 mil millones Preocupante. Lamentable: el fin de un programa que significaba mejorar la calidad de vida vecinos de cualquier localidad. De cualquiera.
El decreto completo:
