Millonaria estafa inmobiliaria en Santa Fe: liberaron a todos los detenidos

Los 16 detenidos por la megaestafa inmobiliaria, entre los que hay tres abogados, un escribano, un médico, un contador y un gestor, acusados de ser parte de una organización que se apoderó de 36 inmuebles por $ 1.000 millones, fueron liberados tras una sorpresiva resolución del juez Benjamín Revori de Venado Tuerto.

Según trascendió, la otorgada por Revori es una libertad con restricciones, razón por la que los 15 implicados seguirán el proceso en sus domicilios. Se los vincula a 32 casos de apropiación de inmuebles de personas fallecidas o mayores de edad, sin herederos, modus operandi que les habría permitido hacerse de la suma de $1.000 millones.

«Realmente no esperábamos está resolución porque las cuantiosas pruebas presentadas antes el juez, entre ellas las escuchas que comprometen a los implicados en las maniobras, eran suficientes para dictarles la prisión preventiva. Pero parece que en la Justicia sólo van presos los ladrones de gallinas y no aquellos que actúan con guantes blancos y se apropian de inmuebles ajenos. Esos gozan de un beneficio especial y esto es un mensaje muy malo para la sociedad», expresó al diario rosarino La Capital el fiscal Matías Merlo, quien no hizo esfuerzos por ocultar su enojo.

Para el juez Revori, los 15 implicados no presentan «peligrosidad procesal» y es por eso que consideró que no era necesario dictarles la prisión preventiva durante el proceso.

A pesar de esta decisión, el magistrado avaló las acusaciones presentadas por la fiscalía, en las que se da cuenta de una «asociación ilícita que se extendió en el tiempo, en forma permanente y con roles determinados» y de haber una condena sostuvo que esta será «de cumplimiento efectivo».

El juez de Venado Tuerto dispuso la libertad de todos los imputados imponiéndoles una restricción de acercamiento y contacto entre ellos, situación que en la práctica, al menos desde la mirada del fiscal Merlo, es muy difícil de controlar.

La asociación ilícita que habría tenido como cabecilla al abogado Antonio Di Benedetto habría comenzado con las maniobras hace seis años. Según la acusación la banda se apropiaba de bienes inmuebles rurales y también urbanos en el sur de la provincia de Santa Fe.

La información que dejó al descubierto la maniobra fue corroborada a través del Registro de la Propiedad, quedando en evidencia que los titulares de esos bienes de los que se apropiaban eran de edad avanzada o estaban muertos.

Según relató el fiscal Merlo al medio rosarino la banda realizaba operaciones jurídicas, boletos de compraventa, escrituraciones, juicios de escrituración y otros fraudes con el fin de desapoderar a los titulares de los inmuebles afectados y transferirlos a nombre de algún miembro de la asociación o de terceros.

Además de Di Bendedetto, están implicados una empleada suya, Milena Fischer; Juan Carlos Rullo de Venado Tuerto; el contador Walter Díaz Franco, este último bonaerense y que se acogió a la figura del arrepentido; el gestor rosarino Raúl Jaime; los escribanos Eugenio Casadei y Angel Emilio Moreale; Luis Alberto Bentati, Alberto Long, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, Alejandro Dall’Armellina, Roberto Miguel Sainz, Danisa Elisabet Pintos y María de los Angeles Sarrí