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La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) rechazó «expresa y enérgicamente» las multas que les pusieron por supuestas prácticas en la fijación de los valores de la harina
La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) salió este martes a rechazar «expresa y enérgicamente» la multas que van de los 50 a los 150 millones de pesos que el gobierno nacional dispuso contra esa entidad, la Cámara de la Industria Molinera y la Asociación de Pymes Molineras por «ejecutar una práctica horizontal en la fijación de precios de la harina».
La condena -a la que calificó de exorbitante e infundada- es una por una investigación de un hecho denunciado en 2015. Es por eso que para los industriales que el gobierno ahora lo ponga sobre la mesa sonó más a una suerte de medida de amedrentamiento contra el sector en el medio de las discusiones por el precio de las harinas. Es que el sector mostró en las últimas semanas dudas de las medidas que está tomando el gobierno para tratar de contener la suba del pan.
«La resolución es groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió», sostuvo la entidad que preside Diego Cifarelli.
«Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar», resaltó.
«En ese entendimiento, FAIM recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan, a fin de
obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin al actuar -reiteramos- arbitrario de la
Secretaria de Comercio Interior», concluyeron los industriales molineros.
La Denuncia
El gobierno se basó para la multa en una denuncia de una sociedad llamada Impulsar que indicó que la Faim fomentó en agosto de 2015 una afiliación compulsiva de todos los molineros para armar «un cartel institucionalizado, por medio de la creación de un sistema coordinado y auditado por la propia entidad con el objeto de sostener los precios con poder de policía y sanción».
El objetivo del acuerdo, sostiene la denuncia, fue «limitar la competencia entre las empresas molineras en la molienda y la comercialización de harina de trigo». Según la denuncia, Molino Cañuelas no resultó ser un «mero cómplice» del acuerdo impetrado, sino que es quien indujo al mercado a cartelizarse y se benefició por la concentración. «Fue la piedra fundamental de la estructura productiva y quien sostuvo a rajatabla las condiciones impuestas», señala la denuncia citada en el Boletín Oficial.
