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El gobernador Omar Perotti envió este lunes al Senado de Santa Fe el proyecto de ley para declarar nuevamente el “Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario”, que perdió vigencia con el fin del año 2022, con el objeto de “atender la seguridad pública y al sistema penitenciario provincial a los fines de brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática
En el mensaje, que fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias, se lleva el límite de 6 a 12 millones de pesos para la realización de licitaciones públicas y concursos privados para compras de patrulleros, armas, municiones, chalecos, uniformes y equipamiento en general, mientras que para las obras públicas se eleva el tope de 9 a 18 millones de pesos en licitaciones privadas.
Pero además, “las adquisiciones de bienes de uso y equipamiento, las contrataciones de obras públicas así como las diversas gestiones que resulten necesarias para llevar adelante las acciones que demande conjurar el estado emergencia declarado por la presente se consideran comprendidas” en una situación de urgencia probada, con lo cual se pueden evitar incluso esos máximos.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad deberá enviar la documentación en un plazo no mayor a la Legislatura y el Tribunal de Cuentas tendrá que emitir su análisis de legalidad en 20 días como máximo. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dar por concluida de manera total o parcialmente la emergencia e invita a los municipios y comunas a adherir.
La seguridad como derecho humano
En el tramo argumentativo, el gobierno afirma que el proyecto “tiene por objeto poder disponer de mecanismos tendientes a paliar las necesidades más urgentes en la materia, garantizando a la ciudadanía la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana, entendida como el marco propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, posibilitando la realización de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad”.
En ese mismo sentido, indica que “se pone de relieve la vigencia de la obligación del Estado Provincial de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles tendientes a asegurar este derecho humano, priorizando la profundización de las políticas públicas en este sentido, en el entendimiento que los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”.
Y agrega que “es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal -vinculada o no a hechos delictivos”.
En este contexto, el gobierno provincial considera que “el esfuerzo mancomunado de todos los actores de la sociedad con los actores gubernamentales, en sus distintos niveles, es una herramienta eficaz para atravesar la actual situación de violencia que atraviesa a nuestra Provincia” y asevera que “no escapa a ninguno de los Sres/as. Legisladores/as la situación de hechos delictivos que se vienen produciendo, particularmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Y que el primer paso para paliar de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el Poder Ejecutivo”.
“Ante esta situación, y entendiendo desde un enfoque de derechos a la seguridad ciudadana es que, conforme los parámetros que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hace necesario el diseño de una política pública que actúe como garantizadora de los demás derechos humanos que se desarrollan a la par de la seguridad”, añade, para luego completar: “Por lo demás, el reconocimiento del derecho humano a la seguridad se encuentra establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional, por lo que se erigen como normas de la máxima importancia y que, en consecuencia, generan obligaciones para los Estados para procurar su realización efectiva”.
Cruda realidad en las cárceles de Santa Fe
Por otra parte, en la argumentación se ofrece una cruda mirada sobre la actual situación carcelaria: “Su fundamento estriba en los informes que oportunamente fueron realizados en el ámbito de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario, a través del que se puso de manifiesto la situación de las diferentes áreas propias de la jurisdicción, siendo necesario concretar medidas urgentes para no menoscabar el cumplimiento de las misiones y funciones”
“La descripción realizada en los informes da cuenta de una situación que se arrastra desde ya hace años y que se relacionan con las condiciones de seguridad, los traslados de internos, el cumplimiento de órdenes judiciales, la prestación de servicios de salud a los internos, las condiciones mínimas de habitabilidad para los internos (capacidad de alojamiento, alimentación, higiene, progresividad del régimen penitenciario), la superpoblación carcelaria, y el déficit de personal”,
