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Junto a otros tres senadores, el representante de Santa Fe pretende el pase de las concesionarias a la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
En medio de la negociación por el aumento de las tarifas, el senador nacional por Santa Fe Omar Perotti, junto a sus pares Carlos Caserio (Córdoba), Carlos Espínola (Corrientes) y Pedro Guastavino (Entre Ríos), presentó un proyecto de ley para transferir las empresas Edenor, Edesur y Aysa a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
Se trata de un mismo proyecto que se presentó tanto en el Senado como en Diputados (en esta última cámara con la firma de legisladores del Peronismo Federal).
Denominada como “ley de equidad federal de servicios públicos”, la iniciativa plantea pasar a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal “la jurisdicción sobre el servicio de distribución de energía eléctrica que prestan en sus territorios la Empresa Distribuidora Norte Sociedad Anónima (Edenor) y la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur)”.
Paralelamente, se pide la transferencia de los respectivos contratos de “concesión del servicio público de distribución y comercialización” celebrado por el Estado y las empresas.
Además, en el proyecto se establece la transferencia, también a la Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires, de la Empresa de Aguas y Saneamientos Argentina (Aysa).
Se establece, para todos los casos, que “la transferencia de servicios dispuesta por la presente ley queda cumplida con la percepción de tarifas, bienes y derechos derivados de los servicios respectivos”.
Asimismo, la iniciativa deja en claro que no será “necesaria transferencia de recurso alguno del Tesoro nacional a las jurisdicciones respectivas”. El plazo propuesto es 90 días a partir de la sanción del proyecto.
Es la propuesta que días atrás difundió el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien impulsa una baja en los subsidios para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, dos distritos gobernados por el macrismo.
Para los legisladores que impulsan la iniciativa, una de las principales distorsiones tarifaria se verifica en la presencia del Estado nacional de manera directa en la prestación de servicios públicos en el ámbito de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
