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El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la Andis.
El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la Andis, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, en total los procesados por Casanello fueron 19. A todos, además, les embargó sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos. La lista de los procesados incluye a exfuncionarios y empleados de la Andis y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.
Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
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“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello.
Pero en el final de su fallo el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. Casanello escribió: “Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (…). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados».
