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Será el primer paso para expresar la oposición al DNU presidencial. El PJ mocionó recurrir judicialmente la medida. El radicalismo sugirió el resarcimiento del gobierno provincial a los fondos quitados a municipios y comunas.
La gran mayoría de los intendentes y presidentes comunales expresó su rechazo a la decisión del gobierno nacional de aniquilar, mediante un DNU, el Fondo Federal Solidario o Fondo Soja y junto al gobierno provincial firmarán un documento exigiendo su reposición; hacer llegar la postura a los 22 legisladores nacionales que tiene la provincia y recomendaron a Miguel Lifschitz que haga un planteo junto a sus pares de otras provincias ante autoridades nacionales.
El programa de oposición al DNU surgió del cabildo abierto convocado por el Poder Ejecutivo santafesino para que intendentes y presidentes comunales hagan catarsis ante la sorpresiva decisión de Nación de restarles desde la semana pasada recursos que estaban presupuestados. La palabra catarsis fue utilizada por el radical Dionisio Scarpin (Avellaneda) quien abrió la lista de expositores tras las palabras de apertura de los ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, y el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres.
El Foro de intendentes justicialistas fue el más crítico de la medida de Nación y exigió al gobierno que siga el ejemplo de Tucumán y haga el planteo judicial. Además fue el sector que más voces expuso en el Centro Cultural Provincial que cobijó a intendentes y presidentes comunales de toda la bota santafesina. Scarpin representó el planteo radical mientras que Mónica Fein -también muy crítica contra la discriminación de Nación- fue la vocera socialista y Enrique Marucci (San Jorge) de los vecinalistas.
“La decisión avasalla las autonomías municipales y comunales porque eran fondos que estaban presupuestados” aclaró Torres en la apertura del encuentro. Farías habló de recursos ilegítimamente retraídos aunque aclaró que Nación viene detrayendo recursos de varios programas a los cuales tuvo que hacer frente el gobierno provincial especialmente en materia de salud y dejó para su par Saglione el informe económico.
“Fue una decisión unilateral de discontinuar el Fondo; lo veníamos hablando para el año próximo. Además nos toma con obras en ejecución con recursos que ahora no vamos a tener” señaló. Especificó que la provincia presupuestó 2.200 millones para el presente ejercicio del Fondo Soja, 30 por ciento de los cuales iban a ser transferidos a los gobiernos locales. Lo ingresado a julio fue 1.292 millones y en la primera quincena de agosto 96 millones. Faltarán 387 millones para municipios y comunas este año, precisó. El peso del Fondo es del 3,4% de los recursos. “Santa Fe pierde recursos pese a ser la provincia que más aporta por la exportación de soja” y remitió a los números del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Pero también Saglione se ocupó de cuestionar las transferencias discrecionales que hace el gobierno nacional y que no sufrirán ajuste “porque perdemos equitativamente todos con el Fondo Soja y va a ganar algunas en particular” en alusión a municipios -que no mencionó- y que reciben recursos directos de Nación. El ministro señaló que le restan 387 millones a los municipios y comunas pero en lo que va del año las transferencias discrecionales a municipios santafesinos fueron de 447 millones de pesos.
El encuentro se realizó en el Centro Cultural Provincial.Foto: Luis Cetraro
Voces del interior
Scarpin hizo notar que los intendentes son los más indefensos en las crisis porque les restan recursos y deben hacer frente a los reclamos de vecinos y a mayores costos y pidió desde el radicalismo el apoyo del gobierno provincial para amortiguar el golpe de la quita del Fondo Soja. “No se olviden de acompañarnos en lo que está a su alcance” les pidió. Enseguida, desde el justicialismo Mario Fisore (Gálvez) exigió tomar acciones rápidas. “El DNU raya la inconstitucionalidad” y pidió judicializar la cuestión. La postura de los justicialistas fue acordada en reunión previa realizada en la sede partidaria junto al Consejo Provincial que preside Ricardo Olivera y legisladores. Fisore además recomendó denunciar el Consenso Fiscal y pidió apoyo del gobierno provincial para que cierren los números de municipios.
La rosarina Mónica Fein afirmó que la decisión nacional “pone en riesgo la gobernabilidad” y habló de decisión unitaria. Hizo notar que hay incertidumbre sobre el fondo de incentivo docente y los subsidios al transporte por lo que le pidió al gobernador Lifschitz que lleve a Buenos Aires la voz preocupada de municipios. “No se puede parar así de golpe” se quejó Marucci quien pidió ayuda al gobierno provincial para que los municipios puedan cobrar tasas a firmar extranjeras como Directv y reclamó que se les dé a los intendentes la potestad para cobrar deudas por Impuesto Inmobiliario para hacerse de recursos.
Ya avanzada la reunión, el rafaelino Luis Castellano pidió precisar los pasos inmediatos para no dejar el tema como una mera protesta; la santotomesina Daniela Qüesta quiso saber cómo marcha la toma del crédito de 300 millones de dólares del Banco Mundial para destinarlo a pavimentación de ciudades y pueblos de la provincia y desde Santa Rosa de Calchines, Carlos Kaufmann pidió que el gobernador se ponga frente al reclamo.
Ya sobre el final volvieron a tomar la palabra los ministros. Saglione dijo que la posibilidad de ayuda del gobierno provincial está sujeta a la capacidad de financiamiento; señaló que la Nación adeuda 3.500 millones de pesos del déficit previsional 2017 además de la deuda por el fallo de la Corte; admitió que se sigue negociando con el Banco Mundial el crédito en momentos en que se disparó la tasa de riesgo país y sugirió algunos instrumentos financieros como letras para ayudar a municipios.
Farías, en tanto, resumió los puntos que contendrá el documento que será redactado hoy por los intendentes que forma la mesa paritaria para luego presentarlo ante Nación. Se rechazará el DNU, se pedirá la reposición de los fondos; se hará conocer la postura a los legisladores nacionales y se le pedirá a Lifschitz que trabaje el tema con sus pares. En tanto, en Fiscalía de Estado se analiza si corresponde hacer un planteo judicial.
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