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El desfile de gobernadores por la Casa Rosada continúa, pero por ahora no incluyó —ni hay acordada una fecha— a Maximiliano Pullaro. El mandatario santafesino sí cruzó mensajes y llamados con el designado ministro del Interior, Diego Santilli. En esas comunicaciones se dejó en claro que hay predisposición al diálogo abierto por el gobierno nacional para acordar el presupuesto 2026 y las reformas que impulsa la administración libertaria (la laboral es la que aparece primera en la hoja de ruta mileísta). Pero también, del lado de Santa Fe, hay un planteo: que se establezca una agenda definida para asegurar que el encuentro no sea solo para la foto y que el temario incluya el pago de deudas de Nación a la provincia y obras de infraestructura. En la lógica que empieza a perfilarse, el acuerdo Nación–provincias ya no se mide solo en gestos políticos: se mide en pesos.
Este lunes dos gobernadores se reunieron a agenda abierta con Santilli y el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni: el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora, socio estratégico de Pullaro en la Región Centro y en Provincias Unidas. Ante el planteo de los mandatarios, el designado ministro del Interior dejó entrever que podría impulsar modificaciones al presupuesto para incluir reclamos de las provincias, como la reactivación de las obras públicas y el pago de deudas en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Llaryora consideró muy positiva la reapertura del diálogo. Algo que también se valora desde Santa Fe. Aunque en la gestión Pullaro prefieren ir más despacio: el presupuesto nacional, foco de preocupación de las provincias, recién se tratará en el Congreso después del 10 de diciembre, mientras que las reformas de segunda generación que impulsa Milei quedarían para febrero.
Una deuda gigante
Santa Fe tiene una situación particular: reclama una deuda que, según los cálculos provinciales, ronda los 2 billones de pesos. Esa deuda se podría dividir en tres grandes rubros:
-Por coparticipación federal: surge del fallo de la Corte Suprema de Justicia (2015) que obligó a la Nación a devolver a Santa Fe fondos retenidos ilegalmente por la Ansés y la Afip.
Durante la gestión de Omar Perotti se acordó una parte de pago en bonos y efectivo, pero el resto nunca se actualizó por inflación ni se completó el cronograma. Esa actualización sola equivale hoy a cerca de 1 billón de pesos (al valor de 2025).
-Por transferencias previsionales (Caja de Jubilaciones): la Nación tiene que compensar a Santa Fe por sostener su sistema previsional provincial sin haberlo transferido a la Ansés. Son fondos que deberían girarse cada mes para cubrir el déficit de la Caja. Según el Ministerio de Economía santafesino, ese atraso ronda los 400.000 millones de pesos acumulados.
–Por convenios de obras públicas y programas nacionales impagos: incluye obras ya ejecutadas o licitadas (viviendas, rutas, equipamiento educativo y sanitario) que se hicieron con fondos provinciales esperando el reembolso nacional.
La Provincia entiende que cada vez que se sienta con la Nación lo hace desde el lugar de un acreedor. Pero además, el monto que reclama crece día a día, pues la Nación no cumple con lo que debería enviar mensualmente. “Es una situación particular, que la mayoría de las provincias no tienen”, dijo a Rosario3 una fuente de la administración santafesina.
Y pide algo más que el pago de la deuda: que la Nación se haga cargo de su responsabilidad de mantener las rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Presupuesto y créditos
En términos generales, el reclamo de los gobernadores de Provincias Unidas está incluido en el dictamen de minoría que el bloque de Encuentro Federal firmó sobre el presupuesto nacional.
Ese dictamen es una base desde la cual negociar lo que piden las provincias, que aportarían sus votos en el Congreso no solo para el presupuesto, sino también para las reformas laboral, tributaria y previsional que Milei pretende que se sancionen en los primeros meses del año que viene.
El artículo 69 del despacho es el que aborda con mayor detenimiento la relación financiera de la Nación con las provincias. Asigna casi un billón de pesos para transferencias de la Ansés a los distritos que mantienen sus propias cajas previsionales, entre ellos Santa Fe.
En los hechos, institucionaliza el compromiso nacional de cubrir el déficit previsional provincial, pero sin detallar montos por jurisdicción.
Pullaro quiere garantías concretas sobre lo que figura en el dictamen de minoría, que no solo plantea el reconocimiento de deudas históricas y la incorporación de obras viales estratégicas, sino también el aval nacional para créditos internacionales que permitan a la provincia encarar por su cuenta importantes proyectos de infraestructura.
Son tres los ítems que se mencionan en el dictamen para la provincia, por un total de 555 millones de dólares: 125 millones para el acueducto biprovincial Santa Fe–Córdoba, 30 millones para defensas hídricas en San Javier y 400 millones para “infraestructura económica, productiva y social”.
Hay un punto más que Santa Fe reclama al gobierno nacional: que se cumplan compromisos asumidos en el Pacto de Mayo. Uno de ellos era “la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias”. Una vieja deuda incumplida, en realidad, desde 1994, y que sí o sí requiere de diálogo y madurez política.
