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El tribunal que debe decidir en la causa del Correo Argentino, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri a la que el Gobierno le pidió la quiebra, tuvo cambios inesperados: una de las magistradas de la Cámara Comercial renunció luego de una sentencia que la obligaba a hacerlo hasta tanto la Corte decida si puede seguir en el cargo más allá de los 75 años.
Se trata de la jueza María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, que integra la Sala B de la Cámara Comercial junto con Matilde Ballerini, una magistrada que lleva años en el tribunal y Guadalupe Vásquez, nombrada a fin del año pasado en ese tribunal.
Vázquez es abogada de la Universidad Torcuato Di Tella. En la última década trabajó como secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, a donde llegó en 2012. La entonces jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó, la tuvo en excelente consideración. Cuando se debatió su pliego en el Senado, el kirchnerismo, con Oscar Parrilli a la cabeza, la defendió ante los embates de los legisladores de Cambiemos.
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La jueza Gómez Alonso, que ahora se aleja, es camarista comercial desde hace más de 30 años y fue presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en representación de la lista Bordó, que tiene la mirada más crítica sobre las políticas del kirchnerismo.
La quiebra fue apelada por la familia Macri, que pidió además que suspenda el trámite porque está pendiente de resolución por parte de la Corte una decisión acerca de si los fallos de la Justicia comercial nacional pueden recurrirse ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, ante de llegar a la propia Corte.
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La fiscal Gabriela Boquín dictaminó que corresponde confirmar la quiebra del Correo. En 137 carillas, dijo que el decreto de quiebra no es apelable, por lo que no corresponde la concesión del recurso para que intervenga la Cámara. Dijo además que los acreedores no dieron conformidad, empezando por el Estado que representa Carlos Zannini, procurador del Tesoro.
El Correo Argentino pertenece en un 14% al Estado y un 86% a Socma. En esa firma, Gianfranco Macri tiene el 40% de las acciones; Mariano Macri, el 20%; Florencia Macri, otro 20%, y el restante el 20% es de los hijos de Sandra Macri. El Estado nacional se quedó con todos los activos del Correo y no sus pasivos, y luego pidió la quiebra.
